EDITORIAL|
Los informes sobre la gigantesca y bien montada red de corrupción en los centros públicos de salud en nuestro país hablan de intermediarios, pero todavía nada se dice sobre los verdaderos responsables. Es decir, de aquellos que desde altas funciones públicas permitieron por acción u omisión que esa red mafiosa venga funcionando cuando menos desde inicios de la actual década. Esa red de corrupción no pudo jamás haber funcionado sin el conocimiento de autoridades en los más altos nivel. Que las investigaciones legales y políticas lleguen a su final y muestren no solamente a los intermediarios, sino a los verdaderos responsables, es una tarea que queda casi entera por delante.
Las cifras hablan claramente de la magnitud de la corrupción en el sistema estatal de salud. De la magnitud no solamente en cifras de centenares de millones de dólares, sino también del poder de esas mafias y su influencia en las altas esferas. Las últimas noticias hablan por ejemplo de que tres grupos empresariales concentraronprácticamente todos los contratos con los hospitales y centros de salud estatales, pese a que existen alrededor de unos mil quinientos proveedores registrados. Algunos de esos grupos empresariales tenían como principales integrantes a altos funcionarios de los hospitales en Guayaquil. De los primeros cincuenta millones de dólares auditados, treinta millones tienen muestras de irregularidades, especialmente sobreprecios.
Existe un clamor ciudadano pidiendo que las investigaciones lleguen a los verdaderos responsables que permitieron esa corrupción. Nadie puede creer que esos niveles de robo se dieron sin que ninguna autoridad a nivel ministerial o de dirigencia del IESS sepa absolutamente nada sobre lo que ocurría con esa danza de millones de dólares. Hay sospechas crecientes y bien fundadas de que los hospitales públicos fueron cedidos como botín político a cambio de apoyos en la legislatura.
