OPINIÓN|
La sentencia que ha emitido el Tribunal de Casación en el caso sobornos, cuyo enjuiciado principal es Rafael Correa Delgado, con funcionarios de alto rango y contratistas privados, pone de manifiesto la concurrencia de la opinión pública, de los magistrados y fiscales que han sabido definir las posiciones de la ley, en especial del sentido de responsabilidad cívica, que toda una comunidad esperaba.
En efecto El tribunal de Casación ratificó la sentencia de 8 años dictado contra Rafael Correa Delgado y más sindicados, sean autores directos como mediatos y más los cómplices en la comisión del delito de cohecho por el que les acusó la Fiscal Diana Salazar. Luego de las instancias respectivas, la Casación propuesta ha sido rechazada. Al respecto se precisa que no existen anomalías legales y declara válida la sentencia recurrida con el todo el proceso que fue sustentado y resuelto por los jueces de instancia habida cuenta la fundamentación técnica de la fiscalía.
Bien cabe precisar que el voto salvado tiene un sentido a ser estudiado, ya que no ataca la tesis de la existencia ni responsabilidad de los acusados sino la sanción en cuanto a los años de condena. Por tanto la Sentencia del Tribulan de Casación tiene para efectos jurisprudenciales la validez de su verticalidad y coherencia en definir la gravedad del delito y la responsabilidad de los acusados. La sentencia entre otros efectos, implica la pérdida de los derechos políticos del acusado. Se limpia así el panorama cívico de esta lacra de corrupción y rubrica el principio que dice: “Nadie está sobre la ley”. (O)
