Durante los 15 meses que duró el proceso en el caso Sobornos 2012 -2016, no solo se comprobó la culpabilidad de los 20 procesados, sino que también se recabó pruebas para iniciar al menos 22 nuevas investigaciones que involucran a nueve de los sentenciados y al menos siete nuevas personas, entre empresarios y exdirigentes de Alianza PAIS, organización política que se benefició de las coimas entregadas.
Iván Saquicela, miembro del Tribunal de primera instancia que emitió la sentencia y que hoy está a cargo de ejecutarla, informó que se ha ordenado a la Fiscalía General del Estado investigar las potenciales conductas antijurídicas detectadas y determinar culpables de estos procesos.
“Sobre el avance de estas investigaciones, la Fiscalía deberá informar por escrito a este Tribunal acerca de los avances de su investigación, con la información detallada de las diligencias que han sido practicadas”, señaló el oficio con el que los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela dieron varias disposiciones tendientes a ejecutar la sentencia.
Además del delito de cohecho agravado, que fue sancionado, los magistrados determinaron que en el transcurso de la audiencia de juicio aparecieron datos relevantes que permiten presumir el cometimiento de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento ilícito privado, lavado de activos, testaferrismo y concusión.
Por estas nuevas causas deberán ser investigados nueve procesados del caso Sobornos que cuentan con sentencias de ocho años: el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, la asambleísta Viviana Bonilla, el exlegislador Christian Viteri; y la exasesora de Correa y colaboradora con la justicia Pamela Martínez.
Pero en los procesos también deberán ser incluidos la actual asambleísta por la Revolución Ciudadana y exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS, Doris Soliz, y Galo Mora, quien ocupó este mismo cargo dentro de esta organización política que receptó los fondos para su campaña política de manos de empresarios que a cambio recibieron contratos con el Estado con probado sobreprecio.
Precisamente un nuevo grupo de empresarios, adicional a los 10 que fueron juzgados en el caso Sobornos, deberán ser investigados. Ni el haber devuelto USD 13 millones 500 mil en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos, que fue parte del caso Odebrecht, le salvará a Tomislav Tópic, accionista de la empresa Telconet, de enfrentar una nueva indagación.
También serán investigados Marcelo Herdoíza, representante legal de la empresa Herdoíza Crespo; y, José Conceicao Santos Filho, superintendente de la empresa Odebrecht, quien fue una pieza clave en el caso que investigó las coimas entregadas por la empresa brasileña y por el se se sentenció a seis años de prisión al exvicepresidente Jorge Glas.
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Temas sin resolver
Pero la sentencia del caso Sobornos no solo desencadenó en nuevos casos por investigar, sino que se habrían dejado algunos cabos sueltos que ahora tendrán que ser indagados por Fiscalía, es así como se deberá determinar quién realizó el contrato y ordenó el pago del arriendo, del 2011 al 2013, de la oficina 2C y los parqueaderos 44 y 45 del edificio Concorde, en Quito, desde donde trabajó, de forma paralela a Carondelet, Pamela Martínez, quien era la encargada de recibir las coimas.
Según los datos entregados por el arrendatario, el pago del alquiler del lugar corría por cuenta de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y del ciudadano Manolo Díaz Vega.
Quien también habría escapado de la investigación del caso Sobornos y hoy será indagado es Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez y representante legal de la empresa Nexo Global, quien además fundó el movimiento Justicia Social, que auspició la precandidatura presidencial de Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa. (I)
