Una década después, el 30-S continúa generando en Ecuador profundas discrepancias entre lo que Rafael Correa considera un golpe de estado fallido e intento de magnicidio, y periodistas y testigos una «protesta policial» que escaló precisamente por la presencia del entonces mandatario.
«No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más necio que el que no quiere entender. Las cosas están tremendamente claras, lastimosamente en Ecuador se niega lo evidente», aseveró a Efe el exmandatario desde Bélgica, donde reside desde 2017.
Echando la vista atrás, Correa asegura que el 30-S, «fue la primera vez en la historia que el pueblo salió a defender a su gobernante, no a apoyar a la Policía o los insurrectos para botar al Gobierno», en un país con larga trayectoria de presidentes fugaces antes de que él llegara.
Bajo la Presidencia de su sucesor y ahora rival, Lenín Moreno, se desclasificaron documentos de la época, se están abriendo causas relacionadas con aquella violenta jornada y se empiezan a conocer testimonios de procesados y periodistas que contrastan con el relato oficialista, entonces respaldado por la mayoría de países latinoamericanos, España, EE.UU., y organismos internacionales.
PROTESTA O AMOTINAMIENTO
CAMILO PAREJA/API
La jornada del 30 de septiembre de 2010 había iniciado con una manifestación policial en el Regimiento Quito Número 1, donde se concentraron unos 200 agentes contra una ley que eliminaba remuneraciones por ascensos.
«Había desconcierto, los policías no obedecían a nadie», rememora Freddy Paredes, periodista del canal privado Teleamazonas que cubrió los hechos hasta que por la tarde solo los medios públicos pudieron informar por decreto.
Recuerda que «el 30-S se presentaba como un día cualquiera», la cobertura de una protesta que, con la llegada inesperada de Correa al lugar de los hechos, fue subiendo de tono hasta perderse la cadena de mando y desencadenar una conflictividad de la que terminó siendo objeto el entonces mandatario.
Desde un edificio administrativo del regimiento, Correa trató de hablar con la muchedumbre («así es mi forma de gobernar») y fue descalificado con insultos y aclamaciones al anterior gobernante Lucio Gutiérrez.
«Nos damos cuenta de que es una trampa y entonces ahí es que digo, bueno mátenme si quieren pero no destruyan a la patria, porque veíamos que buscaban desestabilizar al Gobierno y la democracia», explica el expresidente sobre esa recordada escena en la que, vehemente, se desafloja la corbata y se abre la camisa.
Frente a ese mismo edificio, diez años después, Paredes señala a Efe que Correa «pensó que podía disipar esa revuelta, pero terminó siendo agredido e hizo que se radicalizara más».
Para entonces, las fuerzas de seguridad habían cercado la Asamblea Nacional y efectivos militares tomado el aeropuerto de la capital -que desalojaron tras varias horas-, mientras que en otros puntos del país como Guayaquil hubo saqueos y altercados.
La actuación de Correa fue interpretada por los manifestantes como una provocación y desató el lanzamiento de gases lacrimógenos para amedrentar a la comitiva presidencial.
«Fue duramente maltratado, le golpearon, le patearon en las piernas, recordemos que estaba convaleciente de una operación de rodilla», relata el periodista, y recuerda una grabación que muestra cómo un manifestante incluso intentó despojarle la máscara antigás.
RESCATE PRESIDENCIAL BAJO FUEGO
Correa permaneció desde el mediodía en el aledaño Hospital de la Policía, hasta que ya de noche fuerzas del Ejército y unidades policiales especiales lograron extraerlo en medio de un tiroteo, presumiblemente de policías y tiradores en tejados de edificios y una avenida contigua.
Cinco personas -dos policías, dos militares y un civil- fallecieron por el fuego cruzado, y decenas resultaron heridas.
Los hechos llevaron al procesamiento de 300 personas, entre civiles y uniformados, que ahora demandan justicia y han conseguido que cinco exmilitares al mando fuesen procesados por las consecuencias del operativo.
LOS CONDENADOS
CAMILO PAREJA/API
El día de autos, la entonces teniente coronel Patricia Santillán estaba a cargo de la central de radio en el cuartel, donde vio cómo desde primera hora se iban sumando agentes a la protesta y alertó de la novedad a sus superiores.
Nunca imaginó que iba a ser imputada y condenada a tres años de prisión por «intentar incentivar la rebelión», que pasó en la clandestinidad tras sufrir, dice, persecución y asaltos a su domicilio y el de su abogado.
«El 30-S es un hecho fatídico para la Policía Nacional y mi país», declara esta mujer, que asegura le truncaron la carrera y la posibilidad de «ascender».
Al igual que ella, Jesús Jetacama, forma parte de una asociación de procesados a raíz de esa jornada. En su caso, fue sentenciado a 12 años de prisión por intento de asesinato.
Agente investigador de una unidad especial, asegura que ese día cumplió funciones en un habitáculo policial al norte de Quito, pero que la Fiscalía le inculpó con un vídeo en el que aparecía una persona de rasgos similares que grita «échale bala» al presidente.
Tras su condena, afirma, funcionarios le ofrecieron un indulto a cambio de inculpar a otros, lo que rechazó.
Tres años después del suceso, Correa ordenó la conformación de una Comisión de Investigación que derivó a la Fiscalía decenas de casos y llevó a más de un centenar de condenas.
REAPERTURA DEL CASO
Bajo el actual Gobierno, la Judicatura recomendó revisar las sentencias e investigar la actuación de instituciones jurídicas y de control.
Analistas políticos defienden que el relato oficialista de la supuesta conspiración golpista, en la que Correa también apuntó a los medios de comunicación, fue empleada para justificar una persecución política y judicial contra críticos a su gestión.
El periodista Juan Carlos Calderón, al igual que Paredes, otro de los «marcados» por el régimen de entonces, aunque en su caso por un libro, expone que ese capítulo «supuso la consolidación posterior del Gobierno de Correa» y el inicio de una desinstitucionalización a todos los niveles.
Correa defiende que «uno no puede cambiar realidades tan injustas como las de América Latina sin crear una reacción, hay que correr riesgos», y censura que «ahorita, los victimarios están haciéndose pasar por víctimas» y con tal de perjudicarle, «les están dando la razón».
Sobre un hecho aún inconcluso en la memoria reciente del país, Paredes concluye que «los historiadores están en deuda con la sociedad ecuatoriana porque no han logrado escribir la historia real del 30-S». EFE
