Proceso en contra de Christian Cruz se da 14 meses después cuando el Legislativo también inició una acción a José Carlos Tuárez.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que será remitido al pleno de la Función Legislativa para el inicio de un proceso de juicio político en contra de Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunta abrogación de funciones, falta de probidad e incumplimiento del cargo.
Con diez votos a favor, los integrantes de esta Mesa Legislativa también recomendaron que la Fiscalía General del Estado inicie acciones legales.
Cruz es cuestionado por supuestamente alterar documentos para obtener su carné con el 81 % de discapacidad visual.
El proceso en contra de Cruz se da 14 meses después de que el Legislativo también inició una acción en contra del entonces titular del Cpccs, Carlos Tuárez, que concluyó con su destitución junto con los exconsejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez.
En agosto de 2019 las entonces autoridades fueron acusadas de intentar conformar una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucional.
Sofía Almeida, vicepresidenta del Cpccs, fue la primera en reaccionar a la decisión que la Comisión de Fiscalización adoptó este domingo tras casi cuatro horas de debate.
Ella pidió que el trámite continúe con base al debido proceso y que el “señor Christian Cruz se defienda con documentos y cumpla con el derecho a la defensa; lo importante es que salga la verdad y que se esclarezcan y transparenten los problemas en beneficio de la ciudadanía”, expresó.
Almeida comentó que este caso volvió a “lastimar” la imagen y el accionar de la institución, y recordó lo ocurrido con Carlos Tuarez que también enfrentó cuestionamientos que incluso lo llevaron a prisión.
«En el juicio político, el señor Cruz podrá presentar la documentación que a nosotros no nos presentó”, afirmó la segunda al mando del Cpccs.
María Fernanda Rivadeneira, una de las consejeras que solicitó el juicio y que en una de las sesiones del Cpccs pidió que el presidente sea removido del cargo, afirmó que la Comisión de Fiscalización hizo justicia.
Ella también presentó certificados de la Fundación Vista para Todos, con la que habría demostrado que Cruz actuó presuntamente de manera “maliciosa” y “adulterando” el certificado médico con el que obtuvo el carné. (SCC)-(I)
Derechos del interpelado 14
Franco Romero y Absalón Campoverde, integrantes de la Mesa de Fiscalización, coincidieron en que de la revisión de los documentos y los argumentos expuestos por los comparecientes quedó claro que el presidente del Cpccs habría incurrido en falta de probidad para ejercer el cargo.
El asambleísta Jaime Olivo reiteró que en la sustanciación de la solicitud de juicio se respetaron los derechos del interpelado y actuaron con respeto a las normas de la Constitución y de la Ley de la Función Legislativa que regulan el desarrollo de estos procedimientos parlamentarios.
“Hemos actuado con objetividad, transparencia y respeto a la presunción de inocencia”, agregó el legislador Esteban Melo, e informó que en la fase de sustanciación se revisaron todos los documentos y pruebas presentadas.
Minutos previos a la resolución de la Comisión de Fiscalización, la dirección de comunicación Social del CPC difundió un video en sus redes sociales titulado “Los errores jurídicos del juicio político contra Christian Cruz”.
Detalló que el carné de discapacidad fue otorgado a Cruz legalmente por el Conadis hace once años con la calificación 81% visual + auditiva, lo cual fue verificado en las 111 hojas de investigación de la Fiscalía en 2011.
Además, que Cruz no importó ningún vehículo exonerado. Según el funcionario, la licencia fue de 1994 y le obliga a usar lentes por su discapacidad visual. (I).
