Ecuador ha empezado a recuperar la normalidad de tiempos prepandemia y se acerca a los niveles de producción y recaudación de hace siete meses, aunque numerosas medidas de excepción por el coronavirus siguen vigentes.
«A pesar de la crisis, la economía ha regresado a niveles de producción y de recaudación iguales a la época previa del covid», aseguró en una entrevista con Efe la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Cabeza visible del Gobierno ecuatoriano durante los seis meses que rigieron en el país las leyes de emergencia, anuladas el 14 de septiembre, Romo destacó que el regreso a una normalidad productiva «no resuelve el agujero» que han provocado los seis o siete meses de covid-19, pero «muestra que la economía ha regresado a su funcionamiento».
APRENDER SOBRE LA MARCHA
Ecuador fue uno de los países más castigados al iniciarse, con imágenes dantescas de cientos de cadáveres en Guayaquil, hoy de las zonas con menos contagios en toda la región.
«El primer mes y medio no solamente fue un golpe en la realidad del país, sino además un golpe de imagen», valoró Romo al advertir que aun deben realizarse las evaluaciones pertinentes de lo ocurrido, y «no sólo en Ecuador».
Según el Ministerio de Salud, los contagiados en el país ascienden a unos 154.200 sobre una población de 17 millones (906 casos por 100.000 habitantes), con picos de contagio que han decrecido sustancialmente en las últimas semanas en Quito, y desde hace ya meses en Guayaquil.
Las divergencias mas serias están en el número de muertos, que Romo justifica en la necesidad de «aprender sobre la marcha» porque «en la primera parte de la pandemia (muchos de los fallecidos) no llegaron a tener una prueba».
Y recuerda que Ecuador fue «uno de los primeros países en abrir las cifras del Registro Civil para comparar».
Esas cifras muestran un desfase considerable de 22.000 muertos entre enero y septiembre de este año y los de 2019, que tirarían abajo el índice oficial de mortalidad por la enfermedad del 8 % (12.404 casos reconocidos).
Para Romo, «no se puede decir que las cosas van bien aquí, ni en ningún lugar del mundo», pero cree que «lo peor ha pasado» y que el país «está en un camino largo de recuperación económica con prudencia».
E insiste en que las cifras económicas «ya son similares a la época previa a la covid» y que su país está «en una tendencia que en pocas semanas permitirá decir que son las mismas que antes de la pandemia».
ECONOMÍA CONTRA LAS CUERDAS
Ecuador ha tenido que afrontar la crisis sanitaria «sin ahorros, sin reservas» debido a la deuda heredada del anterior Gobierno, liderado por Rafael Correa, y apenas unos meses después de una ola de disturbios que sacudió el país.
«Las crisis han sido contradictorias porque mientras salimos de la de octubre con un ánimo de confrontación, la del covid se convirtió en una crisis de unidad, de solidaridad», puntualiza la ministra, quien a pesar de todo ve que las elecciones generales de febrero vendrán marcadas por lo ocurrido estos últimos tres años.
«Somos un Gobierno marcado por las crisis», rememora sobre dos oleoductos rotos que mermaron los ingresos del Estado cuando tenía «cero reservas» y no había «recursos para aguantar una crisis».
Moreno no se presentará a las elecciones y, en liza, dos visiones contrapuestas: la del joven Andrés Arauz, que aspira a devolverle el poder a la izquierda correísta, y la del centroderechista Guillermo Lasso.
Ambos lidiarán con las reformas estructurales que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de los 6.500 millones de dólares que el país ha empezando a recibir, y que generan críticas de grupos sociales.
JUICIO POLÍTICO
A nivel personal, Romo también afronta el desgaste de los disturbios de octubre, por los que ha sido llevada al cuarto intento de juicio político en la Asamblea Nacional por unos gases lacrimógenos caducados.
El «detonante» fue «la insatisfacción de la ciudadanía de una medida impopular y polémica» como la eliminación del subsidio a los combustibles, pero Romo reconoce que las protestas escondieron «varias cosas detrás».
Una de ellas, subraya, fue la determinación de «un sector político literalmente dispuesto a prenderle fuego al país para que no llegara el juicio, ni la sentencia, al poder político anterior incluido el ex presidente de la República», Rafael Correa, por casos de corrupción.
En su recién publicado libro «Octubre – La democracia bajo ataque», Romo describe la relación entre ambos procesos, con una confluencia de intereses de los que tampoco exime de responsabilidad al movimiento indígena.
«Secuestrar a 400 policías y militares, tomar instalaciones estratégicas como fuentes de agua, pozos petroleros y antenas, o impedir el paso de ambulancias, no era una protesta social», asegura convencida de que superará la moción de censura legislativa.
El enfrentamiento político interno cobra fuerza por la proximidad de elecciones, y quizá más aun tras las esperanzas que despierta en el campo correísta la contundente victoria del partido MAS en Bolivia.
Preguntada por Efe sobre si una victoria de Arauz podría conducir a la anulación de políticas posteriores a 2017, o el cierre de causas judiciales abiertas por corrupción, Romo cree que «una democracia no resistiría ese mensaje».
«Creo que si América Latina diera marcha atrás y generara un clima de impunidad de ese nivel, después de escándalos que han conmocionado al continente y han llegado a las esferas más altas del poder político y económico, estaríamos hablando ya de Estados fallidos», concluyó. EFE
