Su intervención, formulada a través de un portavoz del Elíseo, se produce tras la agresión el pasado sábado a un productor musical negro, cuyas imágenes difundidas a través de las redes sociales han provocado muchas condenas.
Esos hechos, en los que cuatro agentes agreden y presuntamente insultan a Michel Zecler en su estudio parisiense, se producen días después de otras actuaciones similares, como el desalojo violento de un campamento de inmigrantes en la plaza de la República de París.
La difusión de esos vídeos ha degradado la imagen de la Policía y coincidido con un momento particularmente inoportuno para el Gobierno, que impulsa una reforma legislativa para limitar la difusión de imágenes de las fuerzas del orden.
Esa reforma, aprobada ya en primera lectura por la Asamblea Nacional, ha levantado también ampollas entre organizaciones defensoras de derechos y Medios de Comunicación, que consideran que persigue levantar un telón de acero sobre la impunidad policial.
CONDENA UNÁNIME
Son muchas las voces que creen que, con esa ley, no habría podido conocerse la agresión a Zecler, que ha provocado una unánime condena entre personajes del mundo de la política, como el exministro del Interior Christophe Castaner, o el presidente de la Cámara Baja, Richard Ferrand, pero también de otros ámbitos, como el deporte, con las críticas de futbolistas, entre ellos Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, dos de los jugadores más populares del país.
En ese contexto, Macron ha querido calmar la situación, para lo que convocó este jueves al ministro del Interior, Gérald Darmanin, y le pidió contundencia para detener este tipo de hechos.
Además, su director de gabinete se reunió con la Defensora del Pueblo, Claire Hédon, a quien aseguró la intención del presidente de evitar que se enquiste la situación.
Macron está obligado a caminar sobre aguas turbulentas para no levantar susceptibilidades entre los policías ni dar la sensación de querer imponer la mano dura en las calles.
El presidente conoce lo delicado de ese ejercicio. A principios de año, las fuerzas del orden ya estuvieron en el disparadero por dos casos, el de Cédric Chouviat, que falleció asfixiado durante un arresto policial en enero, y algo más tarde el de Adama Traoré, que databa de 2016, pero cuya investigación, relanzada en junio, fue considerada laxa por varias asociaciones de derechos humanos.
Frente a esas acusaciones, los sindicatos policiales y de la gendarmería se consideraron desamparados de la protección del Gobierno.
LA MANO DURA DE DARMANIN
En su punto de mira estaba el entonces ministro del Interior, Castaner, quien, debilitado, dejó el Ejecutivo en julio pasado, sustituido por Darmanin, discípulo del expresidente conservador Nicolas Sarkozy y defensor de una línea más dura.
A él se le atribuye estar detrás de la reforma de la controvertida ley de seguridad y tras mostrar un firme respaldo a los policías al principio, en los últimos días parece haber reculado.
En el caso de Zecler, Darmanin se mostró dispuesto a retirar el uniforme a los agentes implicados si la investigación concluye que no respetaron las normas deontológicas del Cuerpo, algo que parece desprenderse de las imágenes difundidas, por mucho que los policías aleguen que el productor musical trató de arrebatarles las armas.
Además de las cámaras de seguridad del estudio de Zecler, las redes sociales difunden otros grabados por particulares en la calle, en los que se ve al productor arrodillado en el suelo mientras recibe golpes de los agentes.
Cuatro de ellos están detenidos para ser interrogados, tres acusados de actos violentos y un cuarto de haber lanzado una granada lacrimógena al interior del estudio. Zecler sostiene, además, que recibió insultos racistas, pero los vídeos difundidos no tienen sonido. EFE
