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Restricciones económicas

No incrementar el Salario Básico Unificado –SBU-, descontar hasta el 28 % las asignaciones previstas en la ley a los Gobiernos Autónomos Descentralizados –GAD-, y reclamos del personal de salud de los hospitales públicos, confirman cuan acorralado está económicamente el Régimen.

Los trabajadores, tras no llegar a un acuerdo con el sector empleador, aspiraban a que el Ministerio del Trabajo incremente unos cuantos dólares, si bien no en el monto por ellos planteado.

Finalmente, anunció que en 2021 regirán los mismos USD 400 dólares, pues proyecta para ese año una inflación negativa (deflación) del 1,01 %, por los efectos de la pandemia.

Según el Gobierno, un alza salarial produciría más despidos, o que no se creen otras plazas de trabajo. Además, argumenta que, desde la perspectiva inflacionaria, técnicamente implicaría reducir el SBU, lo que está prohibido por la Constitución.

Los trabajadores no están de acuerdo con esa tesis y demandarán al Gobierno ante la Corte Constitucional; como tampoco lo están con la entrega de un bono, por una sola vez, de USD 60 para los 380 mil trabajadores que perciben el SBU, y de USD 100 para los que se quedaron sin trabajo.

El sector privado, que es el que más genera empleo, se sentirá aliviado.

El Gobierno, hasta ahora no halla una salida para resolver el reclamo de un sector de los trabajadores de la salud. Les exigen que cumpla la Ley Humanitaria, que les garantiza estabilidad, un derecho que colocó la Asamblea Nacional, pero que el Ejecutivo lo dejó pasar.

Asimismo, el Régimen enfrenta el reclamo de los GAD cuyos presupuestos, en gran medida, dependen del Estado; y este, a su vez, de los ingresos permanentes y no permanentes, que ahora son menos a causa de la pandemia, que también impactó en el nivel de gastos de Municipios y Prefecturas.

El Gobierno decidió aplicar las modificaciones presupuestarias, incluso sobre la base de un pronunciamiento de la Procuraduría.

Un complejo panorama económico del país, mientras el Gobierno sigue endeudándose con el FMI y otros multilaterales de crédito, aunque no transparenta en qué gasta.

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