Todos tenemos derecho a la prestación de servicios públicos que deben realizarse según las reglas y condiciones establecidas para satisfacer la necesidad colectiva; sin embargo, también es importante la colaboración ciudadana para el cumplimiento de dichos fines. Es así que, tanto los servidores como las administraciones públicas y los mismos ciudadanos deben actuar con ética, lealtad y honestidad, respondiendo con respeto a las personas y a la primacía del interés general, sobre el particular.
La misión de servicio debe transparentarse en la confianza del actuar y en el compromiso de mantener la calidad de los bienes y servicios públicos.
Con la pandemia se evidenció no solo una crisis sanitaria y sino también ética en la prestación de algunos servicios públicos, en donde se presentaron irregularidades y cuestionamientos en el uso adecuado de los recursos públicos. Por lo tanto, se hace indispensable respetar la ley, controlar y denunciar ante la vulneración de los derechos, para no ser cómplices de los abusos de saqueos que, a nombre de la “crisis”, se ha permitido. Esperemos que el actuar con rectitud retribuya, en algo, esa legítima confianza que se ha perdido. (O)
