Una pésima imagen dentro del país y ante la comunidad internacional dejan las autoridades electorales del Ecuador, a escasos días de que deba comenzar a imprimirse las papeletas, al igual que la campaña electoral.
Hasta ayer estaban en firme 16 binomios presidenciales y 14 listas de candidatos a asambleístas. Empero, una resolución del Tribunal Contencioso Electoral dispone al Consejo Nacional Electoral permitir que un movimiento político, fundado por una pareja involucrada en el caso Sobornos, haga su proceso interno, elija candidatos y participe en la contienda electoral de febrero de 2021.
Y, precisamente, bajo la consigna de que todos tienen derecho a participar, el susodicho Tribunal, que es de última instancia, abre el camino para que incluso políticos procesados por la Justicia, o que movimientos a los que la Contraloría sugirió eliminarlos por haberse inscrito con firmas falsas, puedan intervenir, sin demostrar un mínimo de vergüenza y de respeto a los ecuatorianos.
Obvio que todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos; y si bien nadie es culpable mientras no se lo pruebe lo contrario, los procesados deberían abstenerse de aceptar ser candidatos; y los movimientos que los aúpan, reemplazarlos. Pero esto es mucho pedir a la clase política, sobre todo a aquella que no tiene una pizca de ética ni de decencia.
Se da por descontado que el CNE acatará la resolución del Contencioso, con lo que los tiempos electorales sufrirán un retraso cuyas consecuencias serán impredecibles; pues el movimiento favorecido se tomará los suyos para escoger e inscribir candidatos, los que, ojalá no vayan ser impugnados.
Estas y otras experiencias desagradables en materia electoral deben servir para reformar, por el fondo, el Código de la Democracia; al igual que instaurar un sistema de partidos sólidos y estructurados en lo ideológico y programático. La proliferación de movimientos, los más de “garaje”, que hasta son “prestados”, da lugar a esta turbulencia electoral, matizada por resoluciones que siembran dudas y desconfianza. El CNE tiene la última palabra, pues su credibilidad está en duda.
