Tras recibir la autorización de la Corte Nacional para investigarlos, la Fiscalía General del Estado inició la investigación previa en contra de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera por el delito penal de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de prisión de hasta tres años.
Sin embargo, como se especificó en la resolución adoptada por la Corte Nacional, la investigación en contra de los consejeros avanzará hasta la fase preprocesal, pero no se podrá solicitar la instalación de la audiencia de formulación de cargos y mucho menos llamarlos a juicio mientras ejerzan sus funciones, como lo establece el artículo 19 del Código de la Democracia.
Como parte del inicio del proceso, la Fiscalía solicitó al CNE que remita, en un plazo de 72 horas, las copias certificadas de las actas de posesión y certificado de funciones que desempeñan Atamaint, Pita, Cabrera y Verdesoto.
En el proceso en contra de los vocales del CNE, la Fiscalía decidió unificar las cinco denuncias que ha recibido en su contra, dos son por negarse a acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 30 de noviembre, en la que le ordenó permitir la inscripción de las candidaturas del movimiento Justicia Social, que busca auspiciar la sexta postulación a la presidencia del empresario Álvaro Noboa.
Por esta causa, los consejeros fueron denunciados por Jimmi Salazar y Agustín Sacón, director nacional y candidato al Parlamento Andino del movimiento Justicia Social; quienes deberán acudir hoy ante la Fiscalía para reconocer su firma y rendir su versión en el caso.
Por la misma razón, los miembros del CNE enfrentan una denuncia realizada por Silka Sánchez y Ulpiano Morales, representantes legales de Álvaro Noboa. Para el reconocimiento de la firma y dar su versión libre y voluntaria deberán acudir a la Fiscalía el próximo lunes 28 de diciembre.
Sin embargo, existe una segunda causal en contra de los consejeros, por la que han recibido tres denuncias provenientes del abogado Jairo Lalaleo, Pablo Ricaurte presidente del movimiento LIDER y el político Fernando Balda, quienes piden que se investigue el video que circula en redes sociales en el que Ángel Torres, juez del TCE, narra una conversación con el asesor de un consejero del CNE que confirmaría la realización de una reunión de las autoridades electorales con representantes de organizaciones políticas, con la intención de bloquear la participación de Álvaro Noboa.
Tribunal llama a audiencia
La negativa de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no solo les ha significado una investigación penal, el movimiento Justicia Social también solicitó que se les sancione por una infracción electoral, el próximo martes se realizará la audiencia oral en la que podrán presentar sus pruebas de descargo.
Inicialmente la audiencia se había establecido para este sábado 26 de diciembre, pero fue modificada tras superarse la recusación que los vocales del CNE presentaron en contra del juez ponente de la causa, Ángel Torres, para que se excuse de participar en el proceso debido a las declaraciones emitidas en contra de los consejeros, a quienes acusó de negociar con otras organizaciones políticas el bloque a la candidatura de Álvaro Noboa. El pedido fue rechazado. (I)
