La Corte Nacional autorizó a la Procuraduría la incautación de los bienes del caso Sobornos
Tras cumplirse el pasado 11 de diciembre el plazo de 30 días que el Tribunal Penal de la Corte Nacional les otorgó a los 20 sentenciados del caso Sobornos, para que cancelen USD 778 mil como autores del delito de cohecho agravado y USD 368 millones como cómplices, el monto total establecido en el fallo como reparación integral al Estado asciende a USD 14 millones 700 mil. Ahora se procederá al decomiso y posterior remate de sus bienes.
La Corte Nacional autorizó a la Procuraduría General del Estado para que proceda con la incautación de los 127 bienes, que previamente había localizado y que son propiedad de 17 de los 20 sentenciados, los cuales constan en los Registros de la Propiedad y Registros Mercantiles de todo el país.
“Este es un procedimiento que se lleva a cabo con el Tribunal de ejecución y habrá que ir ciudad por ciudad, uno por uno con los bienes que están identificados. En las próximas semanas esperamos informar que se ha procedido con los embargos. Estos bienes deberán ser sacados a remate y una vez que se vendan, con cargo a los resultados de esa venta, el Estado ecuatoriano se hará el pago”, dijo Íñigo Salvador, procurador general.
Sin embargo, Salvador anticipó que los bienes de algunos de los procesados no cubrirán el monto que deben entregar al Estado, por lo que los sentenciados han propuesto, de forma extemporánea, fórmulas de pago que han sido rechazadas por la Procuraduría, pues debieron solicitarse en la última audiencia del caso.
“Han propuesto que sea en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado donde se concrete ese acuerdo de pago; la Procuraduría se ha negado, porque en el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos se determina que la fórmula de pago tiene que ser propuesta en audiencia, ante los jueces de ejecución”, explicó Íñigo Salvador, quien puntualizó que el Tibunal Penal deberá establecer nuevas audiencias para cada uno de los procesados, en las que se analizará sus pedidos.
Entre los bienes de los procesados, hasta el momento la Procuraduría ha identificado dos propiedades del expresidente Rafael Correa: una casa en Quito, que está a nombre de su hijo menor, y un departamento en Guayaquil, que es parte de una herencia familiar que comparte con sus dos hermanos.
En cuanto al exvicepresidente Jorge Glas, que además de esta sentencia de ocho años cumple una pena de seis años por la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, posee dos departamentos en Quito y Guayaquil y una casa en Atacames. (ASM)-(I).
«Es mejor negociar»
Pese a que advierte que el pedido de los sentenciados para llegar a un acuerdo de pago podría ser una forma de dilatar la incautación de los bienes, el abogado penalista Fausto Vásquez, señaló que este mecanismo, si se llega a concretar, sería ideal para que el Estado recaude lo que los procesados le adeudan, pues incluso podría involucrar la entrega voluntaria de los bienes, lo cual garantiza el traspaso inmediato.
Sin embargo, según el jurista, la situación se complica cuando el sentenciado no tiene voluntad de entregar sus bienes, no los posee o los que tiene no completan el monto adeudado. Entonces se deberá iniciar un juicio civil para declararlo insolvente, tras el cual el procesado perderá sus derechos civiles.
