EDITORIAL |El año que comienza, representa para el país una serie de retos. Quizá el principal sea seguir enfrentando el COVID-19, mediante estrategias adecuadas que permitan, por un lado, evitar la sobresaturación de los centros hospitalarios y, por otro, mantener en marcha el aparato productivo, dentro de las inevitables limitaciones que tienen que darse en esta emergencia sanitaria.
De otra parte, los ecuatorianos mantienen la expectativa respecto a la llegada de las vacunas que permitan aplicarlas al mayor número de personas, particularmente, las más expuestas al contagio como son, personal médico y sanitario, de seguridad, personas de la tercera edad y aquellas que por razones de su situación económica emergente se ven obligadas a salir a las calles para buscar una fuente de sustento, como es el caso de vendedores ambulantes y otros informales, igual que las personas que laboran en mercados y otros sitios de alta concentración. En cualquier caso, las vacunas deberán ser administradas con total transparencia, a fin de evitar los infames negociados que se dieron en los peores momentos de la pandemia, el año pasado y que significaron graves perjuicios económicos y escándalos que afectaron la credibilidad en nuestras instituciones de Salud.
Sin embargo, dentro de este panorama en el presente año, resulta de crucial importancia el tema electoral, ya que del próximo gobierno que surja de los comicios de febrero, dependerá ni más ni menos el futuro del Ecuador. Gravísimo sería, en todos los sentidos, que con los próximos resultados electorales, el país quedara en manos de gente impreparada, que por ofertas demagógicas lograse el favor electoral, para que luego se muestren incapaces de afrontar los gravísimos retos que conlleva administrar un país, no solamente dentro de la crisis producida por la pandemia, sino en la delicada situación económica en que se mantiene el Ecuador, cuya supervivencia en la actualidad depende de los créditos externos negociados por la actual administración y que han permitido un precario respiro. Por lo tanto, votar responsablemente es un deber cívico.
