La Cámara Provincial del Azuay acogió ayer el reclamo de los pobladores de la zona baja de la parroquia Molleturo (oeste del cantón Cuenca) y se someterá a una revisión el acuerdo limítrofe amistoso alcanza- do en el 2015 con la provincia del Guayas.
Los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales, en su rol de consejeros provinciales, conocieron de parte del equipo jurídico contratado por el GAD Provincial del Azuay, los informes técnicos que establecen “falencias” en el acuerdo limítrofe que se firmó, en ese entonces, entre los prefectos Paúl Carrasco y Jimmy Jairala.
Santiago Jara y Tarquino Orellana, integrantes del equipo jurídico, explicaron que no se cumplió con el derecho principal de participación ciudadana, ya que en la justificación del acuerdo no se hace referencia a acciones participativas a más de una socialización. Asimismo, lo suscrito en vez de solucionar agrava más la problemática en 23 comunidades ubicadas en la zona que se encuentran “fragmentadas”.
El estudio observa que se efectuó un trazado limítrofe antitécnico que no respeta accidentes geográficos como ríos y quebradas, no se tomó en cuenta alguna vía, además que divide a las comunidades. Jara aseveró que la línea limítrofe del acuerdo en mención “vulnerará derechos”, de ser aceptada y propuesta en una ley.
Orellana garantizó que se cuentan con los sopor- tes para solicitar la revisión del acuerdo limítrofe, es así como se habla de una estrategia, donde primero se propondrá al
Gobierno Provincial del Guayas la revisión del acuerdo limítrofe “para mostrar en el orden técnico material, todos los conflictos que existen; y en el orden del sentido de participación social, de pertenencia y de proceso de formación de la voluntad, todos los problemas que están presentes”.
En caso de que el GAD Provincial del Guayas se niegue, se tendrán que iniciar los caminos legales “en el orden constitucional en respecto a la invalidez del acuerdo, pues no se ha presentado ninguna acción de inconstitucionalidad, y existen otros de orden estrictamente jurídicos, contenciosos (…)”.
Historial
La prefecta Cecilia Méndez citó todas las acciones cumplidas desde el 2019 (administración del prefecto Yaku Pérez) hasta la fecha para retomar la defensa de los límites del Azuay con Guayas.
“Es un tema que nos lleva a plantear cuáles son las implicaciones políticas y jurídicas de este acuerdo limítrofe amistoso, que no consideró la historia del conflicto, es decir las tesis que defendían los habitantes (…) No se consideró los aspectos técnicos y geográficos, lo que genera una línea divisoria antitécnica, arbitraria e ilegítima no garantizó de manera efectiva la participación ciudadana(..)” , concluyó Méndez.
Resoluciones aprobadas
La Cámara Provincial del Azuay resolvió socializar el conflicto con entidades locales, universidades, Cámaras de la Producción, y más entes corporativos.
Además, transmitir esta problemática a las entidades gubernamentales y a la Asamblea Nacional por la necesidad de una solución idónea a los intereses locales y de los pobladores afectados.
También se solicitará al Gobierno Provincial del Guayas y a las municipalidades de Balao y Naranjal el inicio de un proceso de conocimiento de la problema y la revisión administrativa del acuerdo con la participación de las poblaciones en conflicto.
Asimismo, declarar a Molleturo y su zona baja como área prioritaria de atención y disponer que en el orden administrativo y de gestión de las competencias del GAD Provincial del Azuay se tenga como referencia el límite territorial que recogen las ordenanzas municipales desde el 2003, entre otras resoluciones. (BPR)-(I)
DETALLE
El acuerdo suscrito en el 2015 por los exprefectos definió los límites en un área de 608 kilómetros cuadrados (Km2), de un total de 609 Km2. Quedó por definirse un Km2 que corresponde al sector Abdón Calderón (Molleturo) que debería tratarse por consulta popular.
