¿Cuál es la responsabilidad política del CNE y del Tribunal Contencioso electoral en esta crisis política que vivimos? ¿Los datos del conteo rápido no le obligaban a la señora Atamaint declarar empate técnico? ¿Hubo imparcialidad? ¿Acaso la extrema sensibilidad política y social en la que nos encontramos no obliga a los consejeros del CNE a agilitar su trabajo y a encontrar acuerdos entre ellos? ¿Por qué fue “más fácil” llegar a compromisos–aunque fallidos– entre Pérez y Lasso que en el seno del máximo órgano electoral? ¿Qué juego de poder e intereses está dándose que, ante la posibilidad de una profunda conmoción nacional, el CNE no logra aprobar el reconteo de votos? Pero, además, más allá de los resultados ¿qué papel cumplieron los partidos y movimientos políticos –algunos “de garaje” otros “de alquiler”– en este proceso y, por tanto, en estos resultados? ¿Qué tanto –a más de devolver los fondos de campaña– deben responder ante los ecuatorianos los más de diez candidatos que nunca tuvieron opción alguna de llegar a la segunda vuelta? ¿Cuánto aportan a profundizar esta caótica situación redes sociales y medios de comunicación? ¿Quién responde ante la quiebra ética y moral del Estado ecuatoriano? (O)
