La Asamblea Nacional no dio paso a la consulta popular sobre reformas constitucionales, que proponía el autodenominado comité por la institucionalización del Estado. Temas centrales eran la bicameralidad del Legislativo, independencia de la Fiscalía respecto a la función Judicial, desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, responsable de nominar los 21 titulares de control público, lo cual pasaría a la Asamblea.
Acertada decisión. Porque los plebiscitos sobre temas legales, acaban convirtiéndose en termómetros para medir la aceptación del gobernante, sin generar mayor incidencia y hasta se vuelven contra sus proponentes. Claro ejemplo es aquel del año 2018 impulsado por Lenin Moreno. Le aprobaron los siete temas con el promedio del 68,47 % de votos, convenciéndole que su actuación era acertada y podía imponer cualquier medida de ajuste. Dos años después apenas llega al 7 %. Tampoco progresa aquella consulta anunciada por el partido Socialcristiano, cuando retiró su candidatura presidencial para apoyar a Guillermo Lasso (CREO).
Esto en el campo político-electoral. Pero los referendos antimineros tampoco originan real trascendencia, pues los de Girón y Cuenca, por ejemplo, no cambian las concesiones ya entregadas.
Respecto a los debates. En todos predominan los ataques personales, agresividad, destruir al contrincante para levantarse sobre sus escombros. El reciente entre Arauz y Lasso no fue la excepción. Los considero entonces innecesarios peor obligatorios, pues poco o nada cambian la preferencia de los electores. En cambio, es decisivo el trabajo de los finalistas y su equipo, para captar los votos de quienes no les apoyaron en la primera ronda electoral. Especialmente la alianza CREO-PSC que está 12,98 % bajo INES, es decir una diferencia de 1.203.800 sufragios. (O)
