El Ejecutivo envió, por tercera vez, el proyecto denominado de Defensa de la Dolarización, el cual fue objetado en dos ocasiones anteriores por el CAL de la Legislatura, aduciendo una serie de aspectos del citado proyecto, que serían a su criterio inconstitucionales.
Una vez que el Régimen ha modificado algunos artículos del proyecto que generaron el rechazo del órgano legislativo, en días pasados lo envió nuevamente, aspirando a que en un plazo máximo de treinta días pueda finalmente ser aprobada la citada Ley, antes de que terminen, tanto el período Presidencial como el de la actual Asamblea Nacional.
Para el Ejecutivo, y no solo para éste, sino para diversos sectores ciudadanos, el contar con una Ley de Defensa de la Dolarización es algo esencial para el futuro de ésta, considerando que un próximo gobierno podría verse tentado, de no contar con este instrumento legal, a tomar los recursos del Banco Central, como lo hizo precisamente el régimen de Rafael Correa cuando se vio en virtual situación de iliquidez, y recurrió al arbitrio de manejar aquellos recursos que no pertenecen al Estado, vale aclarar, sino que son de todos los depositantes.
De otra parte, esta Ley serviría como una herramienta eficaz para disuadir la tentación de utilizar el llamado dinero electrónico como forma de pago del sector público, cuando dada la situación del país, este mecanismo liquidaría prácticamente la dolarización, ya que aquel supuesto dinero electrónico carecería simplemente del respaldo en efectivo, lo cual distorsionaría gravemente el manejo económico del país y crearía una especie de moneda fantasma, sin respaldo ni credibilidad en la ciudadanía, que en cortísimo tiempo generaría una inflación sin precedentes, a la par que los dólares en efectivo se encarecerían respecto a esa denominada moneda virtual. Diversos analistas de la economía han alertado sobre esta eventualidad, si no se cuenta con un instrumento legal que detenga aquellas tentaciones de mal manejo económico. (O)
