La Corte Constitucional, con siete votos a favor declaró inconstitucional la penalización del aborto por violación en Ecuador. Hubo dos votos salvados.
Concretamente se refiere a las partes de dos artículos del Código Integral Penal (COIP) sobre dicha penalización, pero cuyo análisis el Pleno de la Corte lo hizo sin las consabidas audiencias para escuchar a los que estaban a favor o en contra de tan controversial tema, no solo jurídico sino moral, ético y hasta religioso.
A su turno, la Asamblea Nacional, cuando debatió las reformas al COIP negó la despenalización del aborto en casos de violación, excepto si la víctima padecía de discapacidad mental; al igual que por incesto, estupro o inseminación no consentida.
Esto dio lugar a que plantearan la demanda de inconstitucionalidad, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres a favor de la despenalización del aborto por violación.
En suma, la Corte resolvió quitar del COIP la frase “persona con discapacidad mental”, con lo que el aborto por violación está despenalizado en Ecuador, como en varios otros países.
La comentada resolución, como es obvio en un país democrático, unos la celebran, otros la cuestionan, cada cual esgrimiendo sus puntos de vista.
Para unos, la Corte dio paso a derechos, a proyectos de vida, a que la mujer víctima de una violación decida por sí misma si interrumpe o no el embarazo.
Para otros, lo primero de lo primero es la vida, desde la concepción del ser humano, independientemente de cómo haya ocurrido.
Como se ve, en esa discusión, por así llamarla, no hay puntos medios, excepto respetar las diversas posturas, y ahora la resolución de la Corte. Así lo exige la laicidad del Estado y la separación de poderes.
En este contexto, el presidente electo, Guillermo Lasso, ha dicho que la respeta, más allá de sus creencias religiosas; igual lo expresó el mandatario saliente, Lenín Moreno.
Ahora resta saber los protocolos a implementarse en las casas de salud para operativizar la resolución de la Corte.
