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Documentos falsos en contratos por miles de dólares en Cuenca

La Contraloría estableció irregularidades en al menos tres paquetes de contratación desde el 2016.

El mantenimiento hecho a la flota vehicular de ETAPA desde el 2016 hasta el 2019, la cumbre Hambre Cero organizada por la Prefectura del Azuay en el 2018 y la desinfección de las calles con amoniaco como prevención de la pandemia por parte de la Municipalidad en 2020, son procesos totalmente distintos, pero que tienen algo en común: documentos falsos.

El primer paquete de contratos corresponde al mantenimiento de la flota vehicular de la empresa municipal ETAPA, que desde 2016 se hacía a través de pequeñas compras de ínfima cuantía.

El informe DPA-0024-2021 de la Contraloría General del Estado, aprobado hace pocas semanas, señala que entre enero del 2016 y agosto del 2019 se registraron 33 procesos que favorecieron a una misma empresa por 50.000 dólares.

La empresa ganó los contratos por tener la mejor de las proformas, pero cuando la Contraloría contactó a los proveedores que supuestamente perdieron el concurso, entre ellos Servicar, STAP o Automecánica, todos coincidieron en que ninguno había presentado una proforma a ETAPA.

Otros 31 procesos fueron a parar a manos de otra empresa por cerca de 29.000 dólares. En este caso los supuestos perdedores fueron Tecnisur, Automecánica, Servicar y un taller adicional pero, otra vez, ninguno de ellos había emitido jamás una proforma para ETAPA.

Por último, un proveedor se adjudicó 3 contratos por un total de 8.951 dólares con procesos en los que consta una proforma de la empresa Mirasol que resultó ser falsa y una tercera proforma que correspondía a una empresa de la esposa del ganador.

Los registros del Sistema de Contratación Pública (SERCOP) muestran que este último proveedor fue sancionado en 2018 por presentar información no fidedigna en un proceso para el mantenimiento de la flota vehicular de la Policía en Azuay, y fue criticado por procesos en la EMOV.

Amonio

En una auditoría efectuada por la Contraloría a la actual administración Municipal se determinó que de las 5 proformas presentadas para la compra de amonio cuaternario, un líquido con el que se desinfectó las calles al inicio de la pandemia, una tenía un RUC inexistente.

Aunque en dicho proceso el proveedor adjudicado fue otro, este también incurrió en una falta pues presentó un permiso de funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) que resultó falso.

El contrato se hizo por 82.500 dólares, pero el contratista incumplió con la cantidad de amonio requerida, por lo que se hizo un segundo proceso en el que el ganador presentó un informe de un laboratorio que no contaba con permiso del ARCSA; el nuevo contrato fue de 49.850 dólares.

Prefectura

El proceso más costoso en el que se registran documentos presuntamente falsos es la Cumbre Hambre Cero, organizada por la Prefectura del Azuay en abril del 2018.

La Prefectura firmó 2 contratos para la comunicación en la Cumbre. El primero por 949.471 dólares y el segundo por 299.996 dólares. Para definir al ganador se recibieron 3 proformas, una de ellas de LOBO asesores publicitarios que fue denunciada como falsa.

El representante de LOBO informó a la Contraloría General del Estado que se había utilizado sus logos de manera fraudulenta y la firma de responsabilidad correspondía a alguien que nunca ha trabajado para su empresa.

La segunda proveedora se retiró del proceso y la tercera contratista resultó ganadora de manera automática. Contraloría acota que para cumplir con el contrato, se subcontrató el 74 % de los servicios ofrecidos a una empresa domiciliada en La Florida, Estados Unidos.

El organismo de control añade que el dinero para pagar los contratos, que juntos sobrepasan el millón de dólares, salió de fondos en principio asignados para el aseguramiento de niños y la compra de suplementos nutricionales para población vulnerable. El traspaso de fondos se hizo sin conocimiento de la Cámara Provincial.

Las inconsistencias en todos estos procesos están siendo analizadas por la Contraloría e incluso por la Fiscalía General del Estado.

Descargos de responsabilidades

En los procesos de ETAPA los funcionarios que aprobaron las contrataciones señalaron que las proformas llegaban a través de los mecánicos y choferes de la empresa, y ellos a su vez aseguran que las recibieron de los proveedores.

El subgerente administrativo de ETAPA, Joseph Molina, señala que al haber una investigación de por medio no pueden emitir sanciones hasta que se demuestre la culpabilidad o inocencia de los funcionarios. Para evitar que este tipo de hechos se repitan se ha elaborado un manual de contratación que fortalece el sistema de compras de la empresa municipal.

En cuanto a los contratos de amonio por parte del Municipio y de la Cumbre Hambre Cero de la Prefectura, los funcionarios refieren que confiaron en la “buena fe” de los proveedores. La información sobre su responsabilidad es analizada por los entes de control. (JMM) (I)

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