Contaminación y penalización

Edgar Pesántez Torres

Una de las causas del estrés que abruma a los habitantes de esta ciudad es la contaminación ambiental, sobre todo Del ruido o sonido por diferentes objetos y circunstancias, resonancias que no solo ocasionan alteraciones en la psique sino también lesiones somáticas y fisiológicas como la hipoacusia y la sordera, patologías que son pan de cada día y que además la padecen muchas autoridades, pero ellas por desidia y conveniencia.

Para volver sobre el tema y fundamentar el pedido de combatir este fenómeno, es de participar ciertos datos pertinentes. La media normal de decibeles (dB) que soporta una persona normal no debe superar 55 en el día y 45 en la noche. Estudios realizados por la Academia revelan que en esta ciudad se supera los 70 dB, intensidad de sonido capaz de ocasionar perturbaciones psíquicas y somáticas.

Se sobrelleva el estruendo de los vehículos, las inclementes bocinas de las ambulancias, las alarmas activadas, las vocinglerías de los políticos y vendedores ambulantes… Quienes sufren de insomnio ni a medianoche tienen calma, porque soportan las algazaras de los pendencieros, el aullido de perros, la ululación de lechuzas, los maullidos de los gatos en sus largos amoríos, el ronquido del acompañante…  Apenas se quiere conciliar el sueño en el crepúsculo del día, los mirlos y los gallos del vecino anuncian que es hora de incorporarse, y la ‘chola cuencana’ de los carros expendedores de gas doméstico. Así, es previsible que cualquier criatura muera antes de tiempo y no de miedo a la pandemia.  

Años atrás, una concejala del cantón, quien había padecido en orejas propias estas agresiones, propuso una Ordenanza de control de la contaminación originada por fuentes fijas y móviles, es decir desde el sonido de las fábricas hasta en escándalo callejero, pasando obviamente por el estruendo de los carros y de las motocicletas, así que omitió el rugido de los de casa.

Se anunció que esta Ordenanza entraría en vigencia para sancionar con una multa del 10% del salario básico a los contraventores, que lo harían los de la Comisión de Gestión Ambiental y la EMOP.EP para las fuentes fijas y las móviles, respectivamente; más, ellas ha sido las primeras en padecer de sordera sobre este asunto.

Siempre hemos cuestionado sobre el aumento de penas, porque no creemos en una sociedad punitiva, no obstante, si se ha legislado en este sentido, las instituciones y sus agentes deben hacer cumplir. (O)