Tribunal Penal de Azuay dictó sentencia de 34 años y ocho meses de privación de libertad contra Byron Francisco G. al declararlo responsable del asesinato de Maribel P.
En audiencia de juicio, culminada la tarde de ayer, la jueza ponente, Carmita Campoverde, anunció que el sentenciado deberá cancelar 124.800 dólares a los familiares de la víctima, por reparación integral.
Según la teoría del caso de la fiscal Valerie Rojas, Byron Francisco G., de 25 años, le propinó 113 puñaladas a la víctima, de 38 años, lo que causó su deceso.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía, la agresión ocurrió la noche del 3 de noviembre de 2020, dentro de una mecánica, situada en la parroquia Totoracocha de Cuenca, hasta donde el sentenciado llevó a la víctima, tras contratar los servicios sexuales en un prostíbulo, que queda a pocas cuadras del lugar de los hechos.
Alrededor de las 04:00, agentes de la Policía recibieron información que dentro de la mecánica se escucharon gritos y que aparentemente había una pelea de una pareja, por lo que acudieron a verificar y observaron que Byron Francisco G. saltó el cerramiento y corrió.
Los agentes le siguieron y lograron detener al ahora sentenciado, quien tenía sus manos, rostro y pantalón manchados con sangre. Durante el allanamiento a la mecánica, el cuerpo de la mujer fue encontrado desnudo y con varias heridas cortopunzantes.
Byron Francisco G. fue sentenciado según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con privación de libertad de 22 a 26 años. La pena se incrementó porque los jueces consideraron la circunstancia agravante tipificada en el numeral 7 del artículo 47, de este cuerpo legal.
Pericias y testimonios en el juicio
La acusación de la Fiscalía contra el procesado se sustentó en los testimonios de la hija de la víctima, del guardián del prostíbulo y de los policías que tomaron procedimiento el día de los hechos y de agentes de la Dinased que investigaron el caso.
También, fueron presentados los testimonios de la perito que practicó la autopsia y de los peritos que realizaron al sentenciado valoraciones en las áreas de psicología, psiquiatría y trabajo social.
Mientras se desarrolló la audiencia de juicio, movimientos sociales cumplieron plantones en las afueras del Complejo Judicial de Cuenca; solicitaban la máxima pena contra el agresor. (I)
