Como “Maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad” define el RAE leguleyada. Las leyes son indispensables para el orden social y si todos las cumplieran con buena fe y puntualidad, desaparecerían muchos problemas en la vida. Así como hay personas, mayoritariamente abogados, que se empeñan a su operatividad en casos inciertos, no faltan los “expertos” en evadirlas eliminado sanciones para sus defendidos, por cierto, son maestros del fraude para burlar las normas con apariencia formal de cumplimiento y gozan de una clientela demasiado grande para medrar de sus “habilidades y destrezas”.
El caso de la remoción del alcalde de Quito Yunda es un, entre ridículo y perverso, caso de leguleyadas. La medida la tomó por mayoría el Concejo municipal conforme a la ley. El afectado apeló al Tribunal Contencioso Electoral que ratificó con fuerza de sentencia la resolución del cabildo y aquí vienen los trucos abogadiles: solicitud de medidas cautelares que jueces complacientes las aceptan, ingresándolas como violencia a la mujer y honorarios de abogado, que se parecen a las causales reales como un huevo a un lápiz.
La “genialidad” leguleya de los bogados burló con ardides el sorteo para que vaya a parar en manos de jueces acordes con la fechoría. El contenido fraudulento de la leguleyada brilla como el sol. Es grave que, además de leguleyos haya “colaboración” de algunos integrantes de la administración de justicia. A mediado del siglo pasado apareció, con poderes absolutos el insecticida DDT. Han variado los pesticidas, pero por bien del país, debe fumigarse con esta sustancia el poder judicial.
Una de las ediles pidió al alcalde removido que se retire para que Quito no se “yunda” más. La fumigación del sistema judicial es indispensable para que el país no se “yunda”. (O)
