Una de las actividades más complejas de la sociedad ha sido la del periodismo. Advirtiendo la necesidad de esta profesión ante los abusos que cometían cristianos de todo pelaje en los medios, las universidades abrieron las carreras de comunicación social y afines, entre ellas la del periodismo, cuyo oficio cardinal fue la de ofrecer elementos relevantes y necesarios para que los ciudadanos sean quienes juzguen con acierto las noticias que se les ofrezcan. La profesión se abrió a otros géneros, entre ellos el reporteril y el interpretativo-opinativo.
Muchos interlocutores en este país apostaron por esta por esta variedad de periodismo insurrecto y conspirativo o del insolente y asalariado. El primer modelo ocasionó la bataola por el primer programa de Andersson Boscán y Luis Vivanco en TC Televisión, ha hecho que se retorne con más impulso el debate sobre la Ley de Comunicación, legislación a la que siempre nos opusimos porque se trata de entregar a los gobiernos el derecho inalienable de la comunicación humana, de la información y la opinión.
En la Academia cuestionábamos desde el título de la malhadada Ley que impuso el dictador y que más tarde un servil, desde la Supercom falsificó la Carta Magna al imprimir 300.000 textos adulterándola la Ley para sancionar a los medios críticos a su amo. El arbitrario se fugó sin pagar la condena que era de 5 a 7 años de prisión y la indemnización por daños y perjuicios a 11 emisoras. Tan descocada fue la Ley que el anterior gobierno la modificó y el actual prometió abolirla.
La comunicación es un fenómeno social, que hace al hombre entrar en relación con los demás. Comunicarse es transmitir pensamientos, deseos e interpretar las cosas y el mundo, esto es, participar de una vida en común. Y no sólo se comunica con el lenguaje verbal, sino mucho más con el lenguaje no verbal. Por eso, pretender legislar para la comunicación es tarea inicua. Lo que cabe es que los colegios profesionales y los medios cuenten con un Código de ética renovado, porque para el difamador y el falaz está la ley ordinaria.
Lo que se debe proscribir es el “intrusismo” que son quienes no cuentan con título oficial o académico, carecen de estudios teóricos, de conocimientos sociológicos y de saberes axiológicos. En el tapete debe estar el autocontrol y la autorregulación, tema para otra ocasión. (O)
