Asesinatos en las cárceles

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Cinco meses después que 79 reclusos de diversas cárceles del país fueron asesinados de forma salvaje, debido a disputas y rencillas entre bandas delictivas, el país vuelve a estremecerse con otros amotinamientos cuyo saldo preliminar es la muerte de 21 reos.

Los sangrientos incidentes ocurridos esta vez en los centros penitenciarios de Guayaquil y Latacunga es posible que tengan como origen aquellas mismas causas.

Bandas formadas por individuos que han hecho del delito su modo de vida, que no han merecido la preocupación oportuna del Estado, ni se diga de su entorno familiar y del resto de la sociedad, se enfrenten en las cárceles a sangre y fuego.

Es más, como ya lo han advertido expertos en materia de seguridad, esas personas se disputan el control de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social, unas inmensas bóvedas de hormigón que las albergan y en las que la vida como que no importa.

Sobreviven hacinadas, posiblemente esquizofrénicas, en máxima alerta, prestas a vengarse entre sí, manejadas por los capos mayores, ahora hasta de los que controlan los grandes y bien estructurados cárteles internacionales de la droga.

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Nadie ha sido capaz de dar explicaciones convincentes de cómo a las cárceles ingresan armas, algunas sofisticadas, municiones, droga, teléfonos celulares y hasta granadas.

En semejante escenario acaban de ocurrir más matanzas, incluyendo, por parte de los reclusos, ataques y hasta agresiones sexuales a miembros de la Policía Nacional, hechos que son investigados por la Fiscalía, aunque los resultados suelen quedar en nada.

Es momento para que el nuevo régimen, con la ministra de Gobierno a la cabeza, más el concurso de otras instituciones del Estado y expertos en seguridad penitenciaria, delineen políticas y estrategias para que los hechos sangrientos no se repitan en las cárceles.

Pero esas políticas tendrán que ir a la par con la de implantar una verdadera rehabilitación de los reclusos, de acabar con estructuras de corrupción, y de hacer de la educación y la justicia social los pilares de un nuevo Estado.