Gobierno Provincial del Azuay pretende concesión del tramo Girón-Santa Isabel-Sarayunga

El tramo Girón-Santa Isabel-Sarayunga, de la vía estatal Cuenca-Girón-Pasaje, tiene algunos problemas. Cortesía

Se busca administrar tramo Girón-Sarayunga y peaje en Chaquilcay.

El Gobierno Provincial del Azuay pretende la concesión del tramo vial Girón-Santa Isabel-Sarayunga, de la Cuenca-Girón-Pasaje; además de que se retome el sistema de peaje en el sector Chaquilcay, del acceso hacia los cantones orientales del Azuay.

La prefecta Cecilia Méndez hizo público ayer la necesidad de la administración provincial por generar mayores recursos económicos con el afán de atender la vialidad de la provincia. La alternativa es asumir estas carreteras de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La empresa pública Asfaltar-EP del GAD Provincial del Azuay, tendría la capacidad de administrar estas vías lo que comprende: mantenimiento, limpieza, entre otras labores que garanticen la circulación vehicular.

La concesión del tramo vial Girón-Santa Isabel-Sarayunga, de la Cuenca-Girón Pasaje, será la prioridad; no obstante, el GAD Provincial del Azuay buscará un diálogo con el Gobierno Provincial de El Oro con el anhelo de promover una mancomunidad y llegar hasta otros sectores de la carretera que comunica con la Costa.

Asimismo, Méndez manifestó que se planteará al Gobierno Nacional a través del MTOP “que nos otorgue Chaquilcay, porque con ese peaje ya quedó demostrado que es posible sostener los otros peajes menores de la provincia”.

Además se mejorará la atención vial en los sectores rurales. Aseguró que se ultiman detalles sobre la propuesta para las dos vías estatales, “cuando la tengamos lista, vamos a ir a Quito”.

Méndez acotó que las concesiones de las que habla el Gobierno a nivel nacional “deben ser de lo público a lo público, y no de lo público a lo privado”.

Reacción

A los alcaldes de la cuenca del río Jubones y de la cuenca del Santa Bárbara, les llama la atención la propuesta de concesión y peaje en las dos vías estatales.

De acuerdo con Claudio Loja, alcalde de San Fernando, urge un encuentro entre los alcaldes de la cuenca del Jubones con la prefecta Méndez para que se explique detalles de la propuesta de solicitar la concesión en el tramo Girón-Santa Isabel-Sarayunga.

Loja aclaró que una concesión representa un peaje, por lo tanto, las dudas se generan sobre donde se ubicará y los riesgos económicos que representará para el turismo, puntualmente, en su cantón donde ya existe un peaje del GAD Provincial.

Por su parte, Gustavo Vera, alcalde de Gualaceo, señaló que la prioridad es la vía a cuatro carriles hacia los cantones orientales antes de pensar en un peaje que deberá ser socializado con todos los sectores.

Vera observó que poner un peaje en estos momentos generará más problemas en una carretera de dos carriles y congestionada por el alto tráfico vehicular. (BPR)-(I)

DETALLE

Desde la Subsecretaría Zonal 6 del MTOP se informó que, para omitir un criterio, se esperará que la propuesta se presente de manera formal para conocerla y sea analizada por el equipo o departamento correspondiente.

Recursos económicos

La prefecta Cecilia Méndez alertó que en el registro vial nacional se considera que el Azuay solo tiene 3.300 kilómetros (km) de vías reconocidas de los 6.400 km existentes en la provincia. Esto, según dijo, afectará la asignación de recursos económicos por concepto de equidad territorial.

También preocupa los recursos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) debido a que existe una resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI), donde los gobiernos seccionales deben hacerse cargo del pago por concepto de “sujetos no pasivos del IVA”, en este caso, del combustible.

Méndez cree que esta situación hace que el GAD Provincial tenga que pagar cerca de un millón de dólares anuales que representa un perjuicio para las “arcas de la administración”. 

Igualmente, la necesidad de contar con recursos de la Ley O47, donde hay una propuesta del asambleísta, Cristóbal Lloret, para la redistribución de los recursos entre los gobiernos seccionales. (I)