Consenso por el empleo

Carlos Castro Riera

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La política pública de crear fuentes de empleo requiere de un profundo debate nacional y el diálogo con la participación de las cámaras de la producción, centrales sindicales nacionales, universidades, artesanos, manufactureros, micro, pequeños y medianos empresarios, organizaciones de mujeres, de jóvenes, expertos laboralistas, sobre la base del respeto a las garantías laborales constitucionales.

El diálogo de la reforma laboral debe incluir la evaluación de las numerosas reformas al Código del Trabajo que se han impuesto bajo la misma justificación del fomento a la producción y empleo.

Cierto es que existen nuevas y diversas relaciones y condiciones sociales y laborales de producción de bienes y servicios que requieren una normatividad jurídica que exprese la especificidad de estas novedades bajo tipos de contratos de trabajo pertinentes que permitan a empleadores y trabajadores contar con formas expeditas para pactar sus relaciones laborales.

Pero otra cosa es pretender aprovecharse de la crisis económica para imponer condiciones de trabajo abusivas y deshumanizadas, aprovechándose de la angustia de quienes solo tienen su fuerza de trabajo en nombre de la creación de oportunidades de empleo e imponiendo una legislación sobre la base de la superexplotación.

Propuestas como evadir el pago del trabajo suplementario, precarización del trabajo juvenil, reducir al extremo el estipendio por pasantías, dilatar en forma exagerada el inicio de la estabilidad, atar el plazo de contratación de personas mayores a 45 años próximas a jubilarse en el IESS a la realización de dicha condición, supresión del visto bueno, restricciones a la contratación colectiva y facilidades del paro patronal, constituyen pretensiones de una legislación regresiva de derechos que da cuenta de la voracidad de cierto sector empresarial carente de sentido social y solidario.

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Si se quiere favorecer el empleo hay que incentivar a los micro, pequeños y medianos empresarios que absorben el 70% del empleo, y cuya crisis determinó el cierre masivo de dichas unidades con el consiguiente despido laboral. Ellos requieren de una legislación específica para su reactivación.

Esperemos diversidad de análisis porque todos los males se están atribuyendo al Código del Trabajo. (O)