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Ocho años en estudios viales

Increíble pero cierto. Absurdo hasta el colmo. La historia vial del Azuay registra hechos y situaciones dignas de desembocar no solo en reclamos en alta voz; también la de hacernos un auto examen de conciencia para reflexionar porqué permitimos semejante afrenta, olvido, dejadez.

El Mercurio publicó información sobre los estudios de una vía de cuatro carriles hacia los cantones orientales de la provincia: Gualaceo, Paute. Por una disputa de tronos electorales, la prepotencia política de la época desmanteló un sistema de peaje.

Hace ocho años, esos estudios fueron contratados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la Asociación CVA-Ingennya-Geoestudios, por algo más de dos millones de dólares.

Ese tiempo ha transcurrido y no hay tales estudios. Sí, como le leen: no hay. Debieron concluir en un plazo de nueve meses, contados a partir del 30 de agosto de 2013. Incluían la posibilidad de construir un túnel desde Guangarcucho hasta la Josefina.

Y, cosa curiosa, ahora el MTOP pone esa vía en el listado de aquellas a concesionar a partir de 2022. Una paradoja, o ¿una burla?

Esos estudios se empantanan -¿a propósito?- en los ya “tristemente célebres” contratos complementarios cuyo provecho es más dinero y más plazo. Se han firmado cuatro. Nadie sabe cuándo concluirán.

Claro, no faltan los justificativos: cuestiones técnicas, económicas, y ahora hasta la pandemia. Y para eso los contratistas cuentan con la debilidad – ¿complicidad entre amigos constructores, consultores, acaso?- de los funcionarios del MTOP, entre ellos los de la provincia: cómodos, sin voz, dóciles, con tal de mantener el cargo o dejarlo para asumir otro. Esta fue la tónica en los gobiernos anteriores.

Ojalá los actuales sean la excepción, con el ministro a la cabeza. Ya basta de seguir con la misma pereza administrativa y de soportar el maltrato al Azuay.

Ante la falta de liderazgo provincial, Liliana Lucero, de Gualaceo, en representación de un Frente Ciudadano creado en este cantón en 2017, presentó una denuncia ante la Contraloría. Esperamos los resultados.

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