El informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, comparecerá el próximo mes ante la justicia ecuatoriana por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático después de una espera de 916 días, informó este lunes su abogado Carlos Soria.
Las vistas del juicio fueron fijadas los días 21 y 22 de octubre en las Salas de Audiencias de los Tribunales de Garantías Penales, del Complejo Judicial norte de Quito.
«Como siempre dijimos, el tema es que primero no existe delito alguno de Ola Bini y el proceso ha sido el resultado de una persecución política», valoró a Efe el letrado.
Soria avanzó que ante el tribunal se demostrarán las más de cien violaciones al debido proceso que han sido denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Y confió en que el nuevo tribunal constituido tras la separación en julio pasado de la jueza que seguía el caso después de que la defensa alegara «fraude procesal», sea «independiente e imparcial».
El defensor recordó que, cuando su defendido fue detenido en marzo de 2019, fue acusado de ser un supuesto desestabilizador del Gobierno, y posteriormente en una audiencia de formulación de cargos se determinó que el tipo penal era el cargo de ataque a sistemas informáticos, pero al no encontrarse esta figura en el ordenamiento legal finalmente se le acusó de acceso «no consentido» a sistemas telemáticos.
«Necesitaban un chivo expiatorio y encontraron a un amigo de Assange», justificó el abogado.
Bini, de 39 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.
Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Entre los más de 60 elementos de convicción que la Fiscalía argumenta para procesarlo, figuran unos informes periciales de informática forense y la información obtenida de Estados Unidos a través de una Asistencia Penal Internacional, mediante la cual se extrajeron archivos de un dispositivo electrónico del imputado.
El órgano fiscal ha presentado oficios de la Cancillería ecuatoriana, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y de otras entidades públicas y privadas para sustentar el caso en el que se dilucida sobre la comisión de un delito penado entre 3 y 5 años de prisión.
Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia del coronavirus. EFE
