Una de las aventuras del correato fue la adquisición de 7 helicópteros Dhruv por cuarenta y cinco millones para las fuerzas armadas. En poco tiempo cuatro de ellos cayeron al suelo en pleno vuelo con mucha pena, pues se perdieron vidas humanas y, en lugar de gloria, vergüenza. Los tres “sobrevivientes” fueron puestos en venta. Un general habló de irregularidades en esta adquisición y, un tiempo después, fue asesinado sin que se conozcan las causas. Es normal adquirir estas aeronaves para las fuerzas armadas; en este caso provenían de la India, país cuya solvencia en fabricación de armas y aledaños desconocemos.
Se realizaron las investigaciones y procesos necesarios, pero el entonces contralor que “disfruta” de su condición de prófugo en Miami- nada encontró y el fiscal de ese gobierno tampoco halló elementos suficientes, lo que hizo que el caso Dhruv vaya al cementerio de la montaña de papeles y parecía que este millonario escándalo, como otros más, iban a desaparecer en el olvido que todo lo cura, salvo ocasionales valientes protestas de la viuda del general asesinado. Mediante lavamanos y engorrosos trámites que se prolongan hasta quién sabe cuándo, varias de estas dudosas situaciones van desapareciendo de la memoria colectiva más aún si el gobernante con “firmeza” se empaña.
La actual fiscal, luego de trámites previos, “resucitó” este caso, cuyos supuestos implicados han sido llamados a rendir cuentas. En otra palabra resucitaron estos irregulares hechos. La independencia del poder judicial es fundamental en una democracia la misma que debe ser respetada por políticos de todas las orientaciones y uno de los perjuicios es que gobernantes con alma de dictadores la manipulen para salvar el pellejo de posibles responsable que se aprovechan del “beneficio” de la impunidad. Hay fundadas esperanzas de que la justicia recupere su cuestionada respetabilidad y que la desconfianza ciudadana se mitigue. Actitudes como la de la actual fiscal contribuyen a este cambio.
