El juicio político que terminó con la destitución del Defensor del Pueblo Fredy Carrión generó criterios divididos, en la Asamblea Nacional y también en la ciudadanía; pues en dicho juicio, más que la contundencia de las pruebas sobre un supuesto incumplimiento de funciones por parte ese funcionario, dio la impresión que jugarían más los intereses políticos de las bancadas legislativas y del Gobierno.
Más allá de la acusación sobre un supuesto abuso sexual, que es un caso que está siendo investigado por el órgano judicial competente; la acusación de “incumplimiento de funciones” como fundamento del juicio político resultaría muy débil, pues los argumentos para esta acusación no se referirían a lo que sobre ese tema señala la Constitución, sino a un supuesto uso indebido del vehículo de la Defensoría y a que el Defensor no habría acatado el toque de queda al trasladarse (en ese vehículo) a la vivienda de un exministro de Salud; posteriormente se añadiría, por parte de los dos asambleístas interpelantes, un supuesto mal uso de la firma electrónica en el acto de encargo de la Defensoría.
En estas condiciones, por tanto, y al no valorarse ninguno de los argumentos de descargo del Defensor Carrión, cobraría fuerza la tesis de quienes sostienen que el juicio y la censura de éste sería la consumación de un acto de retaliación política que quedó inconcluso en el Gobierno de Moreno, y que sólo pudo consumarse en el marco del régimen actual gracias al pretexto creado por la actitud equivocada del propio Carrión.
Una retaliación por el informe de la denominada “Comisión de la Verdad”, creada por la Defensoría dirigida por Carrión, que denuncia los excesos de la represión en octubre de 2019 (algo que fue también denunciado por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y por CIDH de la OEA); amén de que Carrión había pedido la prohibición de salida del país de Moreno. Esta percepción del juicio como retaliación llevaría incluso a que más de la mitad asambleístas de PACHAKUTIK se abstenga de votar por la censura de Carrión
En general la institución de la Defensoría del Pueblo, por su función, siempre ha sido vista con recelo por el poder político de turno: de aquí el interés de este por controlarla o por convertirla en inocua. (O)
