Nombramiento de Defensor encargado genera rechazo

Critican la poca experiencia del designado en el área de Derechos Humanos y su cercanía con quienes lo nombraron

Quito.- La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, juramenta al encargado de la Defensoría, César Córdova.

La posesión de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado efectuada el lunes 20 de septiembre del 2021 no estuvo exenta de polémica, pues mientras sus exjefes y excompañeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo aplaudían y felicitaban, en la institución que dirigirá se producía una renuncia masiva de funcionarios y en la Asamblea Nacional se convocó a los consejeros a explicar su nombramiento.

Los consejeros del CPCCS de mayoría, con la presidenta Sofía Almeida a la cabeza, defendieron la decisión de encargar la Defensoría a Córdova, quien hasta julio de 2021 se desempeñó como secretario del organismo que ellos dirigen.

Resaltaron su preparación académica y recalcaron que la norma no establece las características que debe cumplir la autoridad provisional.

“Considerando que usted, que es una persona independiente, eficiente, transparente, honesta, lo ha demostrado en su desempeño y en sus misiones dentro de esta institución y de las referencias también que hemos tenido a nivel nacional, su experiencia tanto profesional como académica le validan a usted en el cargo que va a ocupar dentro de la Defensoría del Pueblo”, dijo Sofía Almeida.

Masiva renuncia

Pero para Zaida Rovira, quien hasta ayer se desempeñó como Defensora del Pueblo subrogante y que renunció al cargo, una vez designado su reemplazo, los títulos académicos que posee Córdova no lo avalan para asumir la dirección de la institución rectora de los Derechos Humanos.

Por considerar que el nombramiento de Córdova “carece totalmente de bases constitucionales y legales”, junto con Rovira renunciaron a sus cargos cerca de 20 funcionarios de la Defensoría.

El rechazo al nombramiento de Córdova se basa en el artículo 216 de la Constitución. Establece que para ser designado Defensor del Pueblo será necesario acreditar una amplia trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.

Según la hoja de vida del defensor encargado, es experto en temas aduaneros, área en la que ha desempeñado varios cargos en Guayaquil y Cuenca.

Incluso la preparación académica que posee el defensor no coinciden con lo requerido para el cargo; pues, aunque verbalmente dice estar estudiando dos maestrías en Derecho y un PHD en Derecho Constitucional, y poseer varios diplomados en Derechos Humanos; en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) solo tiene registrado el título de doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca y un diploma superior en criminalística.

Son cercanos

Para los consejeros del CPCCS de minoría, lo más grave de la elección de Córdova es su cercanía con los miembros de mayoría, pues según manifestó Francisco Bravo, la designación se habría basado en la “amistad” que Almeida, David Rosero (vicepresidente), Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán afirman tener con el nuevo defensor y no en un criterio técnico.

“El Consejo de Participación Ciudadana no es un club de amigos, hay un banco de personas que pasaron la prueba de merecimientos y oposición y sobre todo la de impugnación ciudadana, que podían ser elegidas”, afirmó Bravo al referirse al concurso en el que fue designado el exdefensor Freddy Carrión y que podía servir de base para elegir a la nueva autoridad. (ASM)-(I).

Deben explicar nombramiento

Ante las objeciones al nombramiento de César Córdova como dDfensor del Pueblo, encargado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó ayer una moción presentada por la legisladora Ana Belén Cordero (CREO) para que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acudan mañana a las 09h00 para explicar los argumentos con los que eligieron a esta autoridad.

La aprobación de la moción no contó con el apoyo de los dos miembros de la bancada correísta de UNES, que se abstuvieron; pues según dijo el asambleísta Roberto Cuero, esto se constituiría en una invasión e intromisión en otra función del Estado.