El escándalo más reciente que envuelve a la Asamblea Nacional es el relacionado con los gastos excesivos que habría realizado su presidenta, Guadalupe Llori, durante sus hospedajes en otras provincias; además de un contrato por USD 100 mil para proveer de la logística y alimentación durante las reuniones y ceremonias de la institución, que incluyen el pago de hasta USD 45 por un almuerzo.
Después de que lo sucedido se hizo público, Llori no solo envió a funcionarios de rango medio de la Asamblea a dar la cara ante los medios de comunicación, sino que posteriormente les solicitó la renuncia y les responsabilizó de lo sucedido.
Ayer, a través de la Televisión Legislativa, Guadalupe Llori calificó a lo sucedido como “una desinformación proveniente de las redes sociales”, cuya intención es desacreditar a la Asamblea.
Afirmó que los lugares donde se hospeda no son elegidos por ella, sino por su equipo de seguridad. Insistió en que los montos aprobados para la realización de eventos en el Legislativo no los aprueba ella, aunque insistió en que revertirá el contrato que ha sido criticadoVehículos de alta gama.
Esta no es la primera ocasión en que la presidenta de la Asamblea toma la decisión de revertir un proceso de contratación una vez que se hizo público el posible despilfarro, lo hizo también el pasado julio, cuando fue denunciada por su excompañero de bancada, Bruno Segovia, de autorizar la compra de seis vehículos de alta gama, por un costo unitario de USD 60.000 para ser utilizados por las autoridades legislativas.
En aquella ocasión, Llori también culpó de lo sucedido a la supuesta campaña de desinformación en contra de la Asamblea. “Pretenden afectar la imagen de la Asamblea Nacional y se quiere desacreditar a un parlamento que trabaja sin descanso por el bienestar de todos los ecuatorianos”, afirmó a través de un comunicado.
“Si van a robar, roben bien”
Esta fue la recomendación que la asambleísta Rosa Cerda les hizo a sus coidearios en medio de una convención de Pachakutik en Napo, la cual posteriormente le generó el rechazo de la ciudadanía y una sanción del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea.
Cerda, en su defensa, también acudió al supuesto intento por desprestigiarla a ella y a la Asamblea, y afirmó que su opinión fue sacada de contexto, lo cual fue apoyado por su organización política.
Los “diezmos” de Bella
Se ha convertido una práctica recurrente que los chats de los legisladores se hagan públicos, poniendo en evidencia el retorno de prácticas comunes en los anteriores períodos legislativos: el cobro de “diezmos” a sus colaboradores a cambio de mantenerlos en el puesto y la tramitación de cargos en el Ejecutivo.
El primer caso que se conoció en el actual período fue el de la asambleísta Bella Jiménez (ex ID), quien negó haber cobrado a sus asesores, pese a que los funcionarios cuentan con certificados de depósitos y cheques que avalan lo pagado; además, audios con su propia voz la pusieron en evidencia sobre la tramitación de cargos.
Jiménez fue expulsada de su organización política, la investiga el Comité de Ética, es investigada por la Fiscalía y la noche del pasado lunes el pleno de la Asamblea le exhortó a que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta del Legislativo, a lo que ella se negó.
Otros señalados
Los chats del asambleísta Elías Jachero (independiente aliado de CREO) evidenciaron cómo habría sido presionado para entregar cargos que había ofrecido; por lo mismo fueron acusados los asesores de los asambleístas Darwin Pereira (Pachakutik) y Mariano Curicama (Minga), este último además afronta un proceso legal en su contra por el cobro de “diezmos” a los trabajadores que colaboraron con él cuando fue prefecto de Chimborazo.
Mientras que el asambleísta Eckenner Recalde (ID) fue acusado ante la Fiscalía por su propia bancada por el cobro de “diezmos” a sus colaboradores, audios y chats lo delatarían.
Asambleístas glosados
Al menos 28 asambleístas tienen glosas, es decir que la Contraloría halló irregularidades en su manejo de los recursos públicos; sumadas dejarían al país un perjuicio por USD 48’333.069.
En esta lista se encuentra el asambleísta correísta Pabel Muñoz (UNES) con tres glosas que suman USD 34’099.724; la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con 4 informes por su gestión como prefecta de Orellana; y Salvador Quishpe, con 20 señalamientos realizados durante su prefectura de Zamora.
“Mucha tela que cortar”
Para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, esta es la primera ocasión que tantos casos de corrupción y escándalos se producen en una Asamblea Nacional a solo cuatro meses de su posesión.
“Es la primera vez que en tan poco tiempo hay tanta tela que cortar”, puntualizó.
Aunque para Celi es importante que no se generalice a todos los legisladores, tampoco se puede dejar en la impunidad ciertos casos; pues es tal la cantidad de denuncias que llegan, que muchas veces se deja en el olvido las más antiguas, lo cual no es justo para la ciudadanía, pues en ciertas ocasiones existen las pruebas suficientes, como chats y audios, no solo para destituirlos, sino para iniciar procesos legales en su contra.
Lo sucedido en la Asamblea, según Cedatos, ha desencadenado que la credibilidad del 42 % con la que arrancó haya descendido al 30% en agosto. “Si siguen así, no hay duda que terminarán como la anterior Asamblea, con el 7% de apoyo ciudadano”, puntualizo el coordinador del Observatorio Legislativo. (ASM)-(I).
