Guadalupe Llori afirma ser perseguida política

La máxima autoridad de la Asamble acusa al Gobierno de oscuros intereses. El oficialismo la desmiente

Quito.- La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, junto a jefes de otras bancadas. Asamblea

Uno a uno, Guadalupe LLori, presidenta de la Asamblea Nacional, fue desmintiendo los escándalos de supuesta corrupción que se han puesto en evidencia en el Legislativo en sus apenas cuatro meses de gestión.

Dijo que todos son producto de oscuros intereses de grupos económicos y políticos, y de una campaña de desprestigio en su contra, por lo que afirmó que se siente “perseguida”.

“En estos días, he sido, me siento perseguida, acosada por denuncias que no tienen asidero legal, que no tienen pruebas, y que conmigo el machismo está practicando ese odio, esa violencia política contra una mujer, esa mujer es la presidenta de la Asamblea, mujer amazónica”, dijo.

Otros intereses

Además afirmó que existen “oscuros intereses” provenientes del Ejecutivo que apuntan a la “muerte cruzada” y agregó que no es justo que por pocos asambleístas envueltos en escándalos de corrupción se pretenda que todos se vayan a la casa.

“Si la intención de ciertos grupos de poder o el Gobierno es terminar con la Asamblea Nacional porque no coincidimos ideológica o políticamente, debemos sincerarnos, debemos transparentar esta situación, porque como Asamblea reiteramos esa predisposición de dialogar, de llegar a acuerdos, por el bien de los ecuatorianos; pero tampoco es justo que se haga maniobras oscuras de intereses económicos o políticos”, afirmó Llori.

Las declaraciones de Llori se dieron en el marco de un conversatorio con medios de comunicación, al que también asistieron todos los jefes de bancada, por lo que las indirectas en contra del Gobierno fueron respondidas por Juan Fernando Flores, quien dirige el bloque oficialista de CREO.

“Debo de ser sincero, responsable, claro, frontal y directo. Si no creyéramos en esta Asamblea no estaríamos sentados en una mesa junto a Pachakutik, Izquierda Democrática, y no hablaríamos siempre de la voluntad política que también tienen otras bancadas como el Partido Social Cristiano y UNES no solo para crear una agenda parlamentaria, sino que desde esta Asamblea Nacional le demos respuesta a los 18 millones de ecuatorianos sobre las necesidades que tienen”, afirmó Flores.

Pese a que Llori pidió transparencia a los “denunciólogos” que han hecho públicos los supuestos actos de corrupción en su contra y de otros asambleístas, ella confirmó que, ante una consulta de Contraloría para que los legisladores autoricen la entrega de los informes sobre las glosas en su contra a la Comisión de Fiscalización, esta fue autorizada, pero no se podrá hacer público.

“Hoy hemos respondido a una consulta sobre qué se puede informar a la Comisión de Fiscalización. Hemos respondido que sí, pero esta información es reservada. No puedo imaginarme cómo estarán sufriendo por no poder dar esta información”, puntualizó Llori al referirse indirectamente al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. (ASM)-(I).

Tratamiento oportuno de la ley

Para hoy el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene planificado recibir el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) sobre el cumplimiento de los requisitos legales sobre el proyecto de ley de Creación de Oportunidades, entregado por el Gobierno el pasado viernes.

Así lo informó Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, quien se comprometió a darle un tratamiento oportuno al articulado.

La principal preocupación de los legisladores es que la norma vulnere el artículo 136 de la Constitución, al tratar varios aspectos en una sola ley, según lo afirmó Rafael Lucero, jefe del bloque de Pachakutik, quien además ratificó que su bancada no tiene ninguna consigna en contra de la ley.

Por su parte, Yeseña Guamaní (ID) anticipó que su bloque no apoyará la aprobación de leyes regresivas en derechos laborales; Paola Cabezas, de UNES, coincidió en este aspecto; mientras que Esteban Torres, (PSC), propuso dividir la ley para que sea tratada en distintas Comisiones, con el fin de que cada tema sea analizado a profundidad en los apenas 30 días con los que cuentan por ley.