Las mil caras de la crisis carcelaria en Ecuador

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Más de 300 asesinatos se han dado en el interior de las cárceles del país durante el 2021 y mientras tanto el Gobierno prepara una estrategia para frenar esta violencia. Pero los expertos señalan que la solución no va a ser fácil ni pronta, pues las autoridades, equivocadamente, apuntan como causa única al enfrentamiento entre bandas narcodelictivas, dejando a un lado problemas de fondo como la pobreza, los temas culturales y la inoperancia del sistema de justicia.

Para el sociólogo Daniel Pontón, los niveles de violencia que actualmente se viven al interior de las cárceles también se viven en la sociedad en general, y en gran parte son producto de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis económica que esta ha provocado.

“Se han exacerbado los niveles de estrés social, de desasosiego por la condición económica, de incertidumbre en el futuro, eso aumenta la intolerancia. La violencia en las cárceles tiene que ver con la frustración y estrés de los detenidos producto del encierro al que han sido sometidos por la pandemia”, afirmó el experto, quien señaló que el “narcorelato” que manejan las autoridades, es decir, el enfrentamiento entre bandas que se disputan el poder, “es totalmente miope”.

Lautaro Ojeda, docente experto en temas de seguridad, coincide en que las causas de la violencia son estructurales e involucran a la pobreza, la inequidad, la corrupción a todo nivel, por lo que la solución no puede darse en el corto plazo, aunque es necesario empezar a trabajar en eso, primero transparentando cifras y realizando diagnósticos, principalmente desde la academia, proceso que se ha realizado muy poco.

Excesos

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Tras la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, donde 118 detenidos fueron asesinados por sus compañeros, el presidente Guillermo Lasso posesionó a Bolívar Garzón como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), quien al ser citado por el pleno de la Asamblea Nacional puso en evidencia uno de los problemas que afectan al sistema carcelario, el hacinamiento producto de las decisiones judiciales, más del 40 % de los detenidos no tiene sentencia.

Para el jurista Ramiro García, esta es una consecuencia del abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces, quienes sucumben ante las presiones mediáticas y descartan las medidas alternativas que evitarían que las cárceles se abarroten.

Hermes Sarango, experto en Derecho Penal, señala otro aspecto: la decisión de la Corte Nacional de reformar el procedimiento abreviado, con lo que se estableció que todo procesado, sin importar si colabora con la justicia o si se declara culpable, debe pagar con la cárcel su pena, con lo cual este beneficio dejó de ser considerado por los detenidos.

Además, para Sarango, es importante dejar de penalizar el derecho de alimentos, pues no ha significado una solución ni para los menores, ni mucho menos para el Estado, que se estima que invierte hasta 1.000 dólares mensuales en cada detenido.

Estos errores jurídicos han llevado a que entre 2009 y 2017, con las reformas a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), se haya cuadruplicado la población carcelaria, pasando de 9 mil a 37 mil detenidos.

Controles

La solución para el hacinamiento carcelario, para el Gobierno de Rafael Correa, fue la construcción de grandes centros penitenciarios, así nacieron las cárceles de Latacunga, en Cotopaxi, y la de Turi en Cuenca, las cuales, según el actual director de la SNAI, son difíciles de controlar por las autoridades y han pasado a ser controladas por los propios detenidos.

Garzón adelantó parte de la estrategia que se aplicará para mejorar la seguridad en estas dos cárceles y en la Penitenciaría, se dividirán los pabellones, de acuerdo con la peligrosidad de los detenidos y no de acuerdo a la autodividisión que los detenidos han establecido, en la que se toma en cuenta la banda delictiva
a la que pertenecen.

Nula rehabilitación

Los expertos coinciden en que el sistema carcelario actual no está diseñado para lograr la rehabilitación de las personas, sin embargo, existen ejemplos, principalmente de centros pequeños como el de Ambato, en Chimborazo, y de Bahía, en Manabí, que podrían ser replicados a nivel nacional.

“Lo que sucede en Ambato es que a la gente se le ocupa, los talleres de carpintería, agricultura y construcción realmente funcionan, además permiten ingresos económicos y se le da al detenido una opción de vida cuando salga en libertad”, afirmó el jurista Hermes Sarango.

Para el experto Ramiro García, esta opción de salir adelante después de la detención es clave para que quien haya estado detenido no reincida, pues por lo general son estigmatizados y se les cierra las opciones de vida lícitas, convirtiéndose en un blanco fácil para las bandas delictivas vuelvan a reclutarlos. Quito.- (ASM)-(I)