Planteamientos para reducir el hacinamiento en cárceles de Ecuador

Función Judicial sugiere implementar un sistema informático y modificar el reglamento para prelibertad de internos.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, detalla planteamientos para reducir el hacinamiento en las cárceles de Ecuador.
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La Función Judicial propone implementar un sistema informático para agilitar los trámites de beneficios penitenciarios de las personas privadas de la libertad, así reducir el hacinamiento en las cárceles del Ecuador.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, detalla que hubo una mesa de trabajo con diferentes autoridades de la Función Judicial para analizar la crisis carcelaria, efectuar un diagnóstico y proponer recomendaciones, teniendo en cuenta que el sistema de rehabilitación social y el control que se debe ejercer en las cárceles depende del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Entre los asuntos tratados en la referida mesa de trabajo es la demora extrema en los trámites para que una persona privada de la libertad obtenga los beneficios penitenciarios.

El planteamiento es crear un sistema informático o software que permita contar con la información u hoja de vida de las personas privadas de la libertad a los administradores de justicia, de manera inmediata.

Por ejemplo, si actualmente una persona privada de la libertad (PPL), en Cuenca, requiere hacer el trámite para obtener los beneficios penitenciarios, tiene que acudir a una comisión en Quito, con una serie de trámites complicados y que en muchos casos esa información llega incluso cuando la PPL ya cumplió su condena y tiene que salir libre.

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El SNAI cuenta con una Comisión encargada de emitir los informes para los beneficios penitenciarios, pero está concentrada en Quito.

De esta manera, se plantea la desconcentración de tal forma que la Comisión funcione en diferentes ciudades, así podría estar donde existe gran población carcelaria como Cuenca, Guayaquil, Quito, Latacunga y otras. La finalidad es mayor eficiencia.

El sistema informático planteado también podría servir de alerta, es decir, para indicar de forma automática cuando una persona ya podría tener los beneficios penitenciarios; esto ayudaría para agilitar los trámites.

Además, se detalla que, en Cuenca, existen dos jueces de garantías penitenciarias. Por el número reducido de jueces no se logra despachar la cantidad de causas que se tiene en garantías penitenciarias. Es importante incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, se plantea.

Otro propuesta gira en torno a un reglamento de rehabilitación social. “Nos parece que el actual reglamento tiene más de 300 artículos y cuenta con un contenido para los regímenes de prelibertad, innecesarios e inútiles que complican el trámite. Es necesaria una modificación a dicho reglamento”, dice Saquicela.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) con sus jueces de la Sala de lo Penal más los jueces de garantías penitenciarias están aportando en esta propuesta técnico-jurídico, pero corresponde al SNAI formular el proyecto y reformar el reglamento. 

Control de la rehabilitación

Antes, cuando existía un régimen de rehabilitación social diferente, formaba parte del organismo técnico un representante de la CNJ y de la Fiscalía General del Estado; actualmente no.

No nos corresponde la rehabilitación social, pero los jueces de garantías penitenciarias del país son los encargados de ejercer el control y vigilancia del proceso de rehabilitación. Por tanto, lo que sí aspiramos es que haya una coordinación interinstitucional, particularmente con el sector Justicia. Así, conocer más de cerca la problemática desde la justicia y que se pueda planificar una política en materia carcelaria de mejor manera”, dice el presidente de la CNJ.

En la realidad carcelaria existe una numerosa población que tiene posibilidades de ejercer sus derechos en los beneficios penitenciarios. (I)

Dato 

Tras la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, las autoridades señalaron que en las cárceles de Ecuador existe una población aproximada de 39.000 internos.