Acción del Estado en cárceles

La masacre ocurrida el pasado fin de semana en la Penitenciaría de Guayaquil lleva al gobierno a dar un golpe de timón para conjurar la violencia en las cárceles cuyo saldo son los más de 300 reclusos asesinados entre 2020 y 2021.

El presidente Guillermo Lasso convocó a representantes de las más altas funciones del Estado y de los organismos de seguridad para analizar semejante crisis, desbordada ya por los cruentos acontecimientos.

En ese marco se  autorizó el ingreso, hasta el primer filtro de la Penitenciaría, de los miembros de las Fuerzas Armadas, debidamente armados.

El dictamen de la Corte Constitucional respecto de la acción del Ejército en las cárceles, según el cual debía limitarse a cumplir exclusivamente funciones complementarias a las de la Policía Nacional –justificadas además- causó desazón en el gobierno y en gran parte de la población.

La Constitución sí permitiría a las Fuerzas Armadas actuar, como acaban de hacerlo, cuando rige el estado de excepción. El gobierno está dispuesto a declararlo cuantas veces sean necesarios con aquel único objetivo.

Empero, tal situación generará polémica, en tratándose de los derechos humanos e interpretación de la Constitución.

En la lucha contra el crimen organizado, sobre todo en las cárceles, donde bandas criminales solo abren las puertas de los pabellones cuando la Policía y la Cruz Roja vienen por los muertos, el Estado debe actuar con todo su poder de sometimiento, de disuasión, para rescatar el control total de los centros penitenciarios.

La seguridad ciudadana será ahora la prioridad número uno del gobierno. Lo dijo el presidente Lasso, y él mismo asumirá la coordinación de las fuerzas del orden.

Esto ayudará a recobrar la confianza en el Estado cuya acción también es reclamada para enfrentar al sicariato.

El presidente Lasso pide la acción de todos; pues el narcotráfico se entronizó en el Ecuador, no ahora, sino desde cuando se “entregaron deliberadamente territorio a bandas delictivas para que operaran de manera impune”, y “crearon un entorno permisivo para el crimen”.