No faltaba más. Una especie de “maldición” parece caer sobre la vialidad azuaya, históricamente relegada. Al deslizamiento en el kilómetro 49 de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, cuya solución no es cuestión de días, semanas, o pocos meses, se suma lo ocurrido en la Cuenca-Girón-Pasaje, cerca del distribuidor de tráfico en Tarqui, donde se produjo un socavón de gran magnitud.
Pero aquellas son consecuencias de fenómenos naturales. Hay otras de tipo administrativo, económicas, de falta de decisión política, de dialogar con la verdad en la mano, de transparentar cifras, avalúos, procedimientos.
Estas falencias inciden en el atraso para la construcción del acceso sur a Cuenca.
El contrato, según informes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), debe suscribirse en este diciembre de 2021.
Sin embargo, surge un tropiezo, complicado de resolverlo si no hay la predisposición institucional, sin rehuir responsabilidades, o de endilgarse supuestas culpas.
Los frentistas de la vía reclaman indemnizaciones justas por sus propiedades a expropiarse, entre ellas muchas viviendas. En estos días han protestado con mayor fuerza. Están inconformes. Hay diferencias abismales, irracionales en algunos casos. Dicen no oponerse a la obra.
Sus reclamos han expuesto ante el MTOP. Este jueves se reunieron con el gobernador del Azuay. ¿El resultado? La postergación de la firma del contrato, mientras en “mesas técnicas” se dilucidará el problema de fondo: el económico.
La Municipalidad determina los avalúos comerciales, casi nunca reales. Y, según la Ley correspondiente, estos deben pagarse a los frentistas y con un “castigo adicional”: los fijados el año anterior a la expropiación. ¿Se bajaron esos avalúos, en unos casos; en otros se subieron, a propósito? ¿Quién hizo ganar a quién, y perder a quién? Nada más son preguntas; ojalá no sea así.
Al contrario, la Constitución establece pagar precios justos. Posiblemente los frentistas deban buscar justicia en lo Contencioso Administrativo. Hasta tanto, ¿y la obra?.
