La vida humana en colectividad requiere una serie de normas de diversa índole que regulen las pautas de conducta de sus integrantes que van desde usos sociales para resolver problemas básicos hasta leyes establecidas por el Estado para garantizar el bien común cuyo cumplimiento, con frecuencia, puede ser objeto de sanciones. Se parte de que los integrantes de una sociedad tienen derechos para organizar sus vidas con el fin de garantizar el bienestar personal y para cuya realización el Estado debe proveer de los medios necesarios, pero, a su vez, conseguir que mediante limitaciones en ambiciones personales se cumpla con deberes establecidos.
A veces, se dan conflictos sobre si las decisiones gubernamentales son derechos u obligaciones. Pagar impuestos es una obligación, aunque a muchos les disguste. Casarse es un derecho que las personas pueden o no ejercerlo según su voluntad. La educación es un derecho social y, hasta cierto nivel, en nuestro país una obligación. La salud es un derecho que está consagrado en las leyes globales y, en un Estado ideal, sus costos debe asumirlos el Estado en su integridad como ocurre en algunos países como Inglaterra, en otros casos para que los menos favorecidos no estén privados. Es indispensable que haya normas preventivas para evitar que enfermedades se difundan, como provisión de agua potable.
La pandemia que agobia al mundo implica una serie de restricciones en la vida normal. Hace poco se han descubierto vacunas para prevenirla en alto porcentaje, lo que es innegable que se trata de un derecho de las personas, quedando un espacio sobre si el no recurrir a ellas es un derecho que, a voluntad de los individuos lo ejercen. Los resultados de las vacunas han demostrado que se ha reducido el número de contagios y dado pasos para la reactivación económica. En ciudadanos normales vacunarse es un deber ya que está de por medio la salud global. Si algunos “ejercen el derecho” a no vacunarse, deben ser obligados pues los intereses colectivos están por encima de los individuales.
