El comportamiento del bloque parlamentario correísta, en el tratamiento de la ley urgente sobre “desarrollo económico y sostenibilidad fiscal”, fue discutible pero efectivo para uno de sus principales objetivos: frenar la persecución político-judicial contra los líderes de la revolución ciudadana, ya sentenciados o en proceso de enfrentar una condena. Constituyó también la revancha hacia Pachakútik e Izquierda Democrática, que les ladearon en la designación de autoridades legislativas, pese a representar el grupo mayoritario.
En este contexto se explica que los delegados de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su visita a Ecuador con anuencia oficial, se hayan reunido en la cárcel de Latacunga con el exvicepresidente detenido, Jorge Glass Espinel, a quien la entidad continental le había concedido medidas cautelares. La libertad condicional de su tío Ricardo Rivera, podría predecir lo que sucederá con él.
Cuando los votantes dieron 49 asambleístas al movimiento UNES mostraron su confianza en el mismo, dudando que los directivos hayan cometido la serie de irregularidades que se les imputan.
Tras entrar en vigencia sin modificaciones las reformas tributarias propuestas por el presidente de la República, Pachakútik y el partido naranja se rasgaron las vestiduras, demandaron su inconstitucionalidad, a pesar que fueron ellos quienes votaron por el neoliberalismo de Lasso; luego en consenso con el bloque oficialista de CREO, captaron las principales dignidades de la Asamblea.
Casi sin quererlo y en silencio el Ejecutivo obtuvo un triple triunfo inmediato: la aprobación de una normativa vital; bajar la oposición hacia otros proyectos público-privados que prepara; diluir la amenaza para destituirlo por los pandora-papers. (O)
