Janeth Garzón, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) filial Azuay, se refirió a las deudas del Gobierno Central, así como a las necesidades de las parroquias, especialmente en la rama de la vialidad y el fortalecimiento de la economía local.
– ¿Cómo está la situación de los gobiernos parroquiales del Azuay tras la pandemia de la COVID-19?
La situación está más estable en relación a los inicios de la pandemia en presupuestos, el control sanitario, el rol del proceso de vacunación, y sobre todo, la responsabilidad de la gente de la ruralidad en el uso de la mascarilla y el cumplimiento del resto de medidas de bioseguridad.
En lo que se refiere a los presupuestos se mejoró un poco la situación. En el 2020 vivíamos una crisis debido a retrasos en las transferencias del Gobierno Central que empeoró con la llegada de la pandemia porque iniciaron los recortes que fueron creciendo con el transcurso de los meses. Ahora, ventajosamente, las transferencias nos están depositando por lo menos a tiempo.
– ¿El Gobierno mantiene deudas con las parroquias azuayas?
Las deudas más significativas corresponden a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Existe un retraso bastante grande, ya que todo el 2021 no se entregó ningún recurso por la devolución del IVA a los gobiernos parroquiales. Nosotros, a través de la Conagopare provincial y nacional, hemos insistido al Ministerio de Finanzas para que se devuelvan estos valores.
Hubo un compromiso de que en los primeros días de diciembre se iba a liquidar todo lo concerniente al IVA, pero no se cumplió. Los gobiernos parroquiales azuayos tenemos un estimado de que las deudas del Gobierno por el IVA superan el millón de dólares; sin embargo, en los primeros días de enero realizaremos una nueva evaluación sobre a cuánto ascienden las deudas.
–¿Sobre recortes en las transferencias de años anteriores, ya no existen deudas?
Existe deudas, pero lamentablemente no se reconocerá por el Gobierno actual por ser una política tomada en la anterior administración. Si reconocieran esa deuda, hablamos de que a los gobiernos parroquiales del Azuay nos deberían alrededor de tres millones de dólares.
– ¿La falta de recursos en qué perjudica a los gobiernos parroquiales?
Nos limita y descuadra toda la planificación, corremos el riesgo de que proyectos sufran recortes, se dejen de hacer o se tengan que transferir para el año siguiente. Son recursos -en el caso del IVA- que tenemos que presupuestar año tras año, no se puede dejar de hacerlo porque eso nos dice la ley.
– ¿Qué gobiernos parroquiales del Azuay han sido los más afectados por la falta de recursos?
Los más afectados son los más pequeños porque tienen menos recursos. El Gobierno Parroquial de Simón Bolívar, del cantón Gualaceo, por ejemplo, es uno de los más afectados porque su presupuesto anual apenas llega a 90 mil dólares, lo que no le alcanza para cubrir todas las demandas y necesidades de la ciudadanía.
– ¿Cómo está la vialidad rural?
Los gobiernos parroquiales vienen trabajando con mucha responsabilidad en lo que respecta a la vialidad rural, pero no se soluciona con los recursos que actualmente tenemos. Esto no es algo de ahora, sino de siempre. Los recursos nos sirven para cubrir apenas un 30 o quizás un 40 % del mantenimiento vial quedando así pendiente una gran cantidad de carreteras.
El cambio de la matriz vial todavía no es una realidad en la provincia, falta mucho por hacer para alcanzar ese objetivo.
– ¿La atención vial ha mejorado desde la administración el exprefecto Yaku Pérez hasta llegar a la gestión de la actual prefecta Cecilia Méndez?
No podría decir si ha mejorado o no porque la evaluación la tendrían que hacer cada compañero presidente de los gobiernos parroquiales porque la realidad de cada sector de la provincia es distinta.
Lo que si ha favorecido, es que en la administración de la prefecta Cecilia Méndez se adquirió nueva maquinaria, con lo que se ha fortalecido los frentes de trabajo, lo que ayudado para que se vayan cumpliendo las demandas de las parroquias. No obstante, para poder cumplir con todo falta mucho, pero es un buen paso.
– ¿Qué políticas se pueden implementar para mejorar la situación de los habitantes de los sectores rurales de la provincia?
No podríamos hablar de políticas públicas cuando los gobiernos parroquiales no se fortalecen en el tema presupuestario y el marco normativo. Nosotros insistimos en que se tienen que hacer reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) para que los gobiernos parroquiales dejemos de ser ese cuerpo colegiado -el más pequeño en el territorio- para que se nos brinden todas las facilidades para poder administrar.
– ¿Las autoridades provinciales y cantonales del Azuay en que deben fijar su mirada para apoyar a los sectores rurales?
En un trabajo coordinado sin duda. No existirán resultados satisfactorios y que cumplan las demandas de la gente, sino hay un trabajo articulado, sobre todo, entre gobiernos parroquiales y municipios.
Resalto el papel que tiene el Municipio de Cuenca y los gobiernos parroquiales de esa ciudad en el tema de presupuestos participativos, pues es un modelo único y exitoso en el país. Son presupuestos que en muchos de los casos duplican a las transferencias que entrega el Gobierno Central a las juntas parroquiales.
– ¿Por qué ese ejemplo de Cuenca, no se puede dar en el resto de cantones del Azuay?
Porque falta mucha voluntad política de parte de los administradores de los municipios para que se puedan considerar realmente lo que son los presupuestos participativos.
– ¿Cuáles son las principales necesidades de las parroquias?
La vialidad sigue siendo la problemática más grande que se tiene, de allí el apoyo a la producción y otros temas como mejorar la educación y la salud. No obstante, la vialidad y el fortalecer la economía local son los más notorios.
– ¿Cómo está la relación con el presidente Guillermo Lasso?
Desde que inició el Gobierno hemos tenido ese acercamiento con sus representantes en territorio. Entendemos la complejidad en que se maneja en este momento el Estado en medio de la pandemia. Lo que sí, nosotros seguiremos insistiendo en que la atención a la ruralidad tiene que ser una prioridad, caso contrario, seguiremos en la misma situación de abandono. (BPR)-(I)
“Una de las aspiraciones de los gobiernos parroquiales del Azuay para el 2022 es que las demandas que tiene la ruralidad -y que siempre se trasladan a los gobiernos locales- puedan tener oído en las instancias del Estado. Sabemos que el 2022 será un año muy complicado porque será político, pero se deben tomar en cuenta las demandas de los gobiernos parroquiales”.
