Comuna indígena del Sígsig da ultimátum a minería ilegal

Los integrantes de la Comuna Indígena San Sebastián, del cantón Sígsig, aseguran que la minería contamina el río Santa Bárbara. Archivo
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En ocho días se convocará a una asamblea cantonal; Gobernación prevé nuevos operativos.

La Comuna Indígena San Sebastián dio un ultimátum a quienes practiquen la minería de forma ilegal en los predios del cantón Sígsig que atraviesa el río Santa Bárbara. La organización estableció un plazo de ocho días para que se retiren totalmente de la zona.

En un manifiesto público se dio a conocer la resolución, además de solicitar a las entidades de control del Gobierno Nacional que se verifique el estado de las concesiones mineras legales existentes en el cantón. La comuna advirtió de la presencia de personas sospechosas, así como de una posible contaminación del río debido al cambio de color de las aguas.

De acuerdo con Fredy Quilambaqui, presidente de la comuna San Sebastián, luego de los ocho días del ultimátum se convocará a una asamblea cantonal que involucrará a los integrantes de la organización comunitaria y a la ciudadanía del Sígsig para establecer las acciones a seguir conforme “a la Constitución, la ley y su tradicional administración de justicia”.

El dirigente también criticó que hasta la fecha no se concrete el cierre de un tramo del acceso Curancay-Infiernillos que es utilizado principalmente por los mineros ilegales para acceder a las riberas del Santa Bárbara. Asimismo, cuestionó sobre la demora del ente judicial para tramitar una denuncia presentada tiempo atrás sobre la contaminación del río.

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El Municipio del Sígsig respalda la postura de la Comuna Indígena San Sebastián de frenar la minería ilegal; sin embargo, solicitan a los comuneros que coordinen con los entes de control como la Gobernación del Azuay, la Policía Nacional y el Ejército para realizar cualquier tipo de acción para frenar la actividad minera.

Pablo Uyaguari, alcalde, se refirió además a las acciones emprendidas en su administración para combatir la minería ilegal. Manifestó que se han coordinado en los más de dos años y medio de su gestión tres operativos con los entes del Gobierno e incluso en los próximos días se prevé uno nuevo.

Preocupación

La postura de la comuna San Sebastián en contra de la minería metálica llama la atención de los representantes del Gobierno Nacional en la provincia.

Matías Abad, gobernador, dispuso ayer al jefe político del Sígsig que esté atento a “cuál va a ser el mecanismo, cuáles serán las acciones que va a tomar la comuna San Sebastián”. De la misma manera, preveía mantener en la tarde de ayer una reunión con el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables para conocer a fondo la problemática en el cantón oriental.

Abad anunció, no obstante, una serie de inspecciones para frenar la minería ilegal en Sígsig. “No podemos indicar cómo son, cuándo son y en qué forma serán los operativos, ya que se perdería la eficacia”, aseveró el funcionario. (BPR)-(I)

Acceso a Infiernillos

El Gobierno Provincial del Azuay junto con el Municipio del Sígsig anunciaron en agosto del año pasado el cierre de un tramo de la vía Curuncay-Infiernillos por su incidencia en la minería metálica. Sin embargo, han transcurrido cinco meses del pronunciamiento sin que se concrete.

Cecilia Méndez, prefecta, explicó que ha existido una especie de “dimes y diretes” entre el Municipio del Sígsig y la propia comuna San Sebastián, lo que ha impedido suspender el acceso. Méndez convocará en los próximos días a los representantes de ambas instituciones para llegar a un acuerdo y concretar el bloqueo vial.

Para Pablo Uyaguari, alcalde del Sígsig, este planteamiento tiene que efectuarse con el respaldo estatal. “Nosotros oficiamos a la Gobernación, que realizó una mesa de trabajo hace unos 15 días atrás, donde solicitamos su apoyo. El cierre de la vía está en proceso, la misma tendrá que ser reforestada”, citó. (I)

DETALLE

16 concesiones de minería artesanal existen en Sígsig. Pablo Uyaguari, alcalde, comentó que del total, seis fueron dadas de baja, mientras otras seis están incumpliendo con la normativa para su funcionamiento.