El silencio es el principal aliado de la impunidad y por supuesto también la lentitud y tibieza de los administradores de justicia.
Si la muerte por posible femicidio de la modelo manabita Noemí Arcentales se encontrara en medio de una guerra jurídica, también conocida como “lawfare” (judicialización de la política), a lo mejor el caso ya se hubiera resuelto hace rato.
Pero no. Más bien lo sucedido el pasado 12 de diciembre de 2021, cuando la joven fue encontrada muerta en un departamento de Manta, ha entrado en una atmósfera de silencio e impunidad, justamente lo que más conviene a los perpetradores. Por ello familiares de Naomi y grupos de mujeres han realizado plantones exigiendo justicia.
Los medios no han hecho un seguimiento adecuado de un caso que conmocionó a Manabí y al Ecuador y que ha evidenciado una vez más el elevado nivel de violencia machista que existe en el país hacia las mujeres. Según la Asociación Latinomericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), durante el 2021 172 mujeres murieron de forma violenta por el hecho de ser mujeres. De ellas, según el informe, 11 fueron niñas y adolescentes menores de 18 años y 5 adultas mayores. Un femicidio cada 44 horas.
El caso de Arcentales avanza en medio de la lentitud y la dilación y con opacidades de por medio. Luego de que los familiares de Naomi ejercieran presión ante la ausencia de confianza en el sistema judicial manabita lograron que el caso sea llevado al Guayas y después a Pichincha.
En el Guayas el tratamiento e investigación duraron apenas un suspiro dado que los agentes fiscales al corriente del caso, Livanesa Gálvez y Patricia Morán, se declararon enfermos de covid y en efecto imposibilitados de hacer el trabajo en territorio que dé luces y pistas al respecto.
Dado ello, los allegados de Arcentales lograron poner en conocimiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ha dispuesto “que la investigación sea sustanciada por una fiscal especializada en violencia de género” desde la planta central en Quito.
Días antes, el jueves 13 de enero, dos hombres fueron procesados por el supuesto delito de violación contra Naomi. Unos días antes de su muerte, ella había presentado una denuncia por haber sido agredida sexualmente en agosto del 2021.
Estos son los únicos verdaderos avances del caso pese a que ya han transcurrido cinco semanas de lo sucedido.
Sobre el principal sospechoso, Juan Carlos Izquierdo, fiscal de Manabí y expareja de Arcentales, no hay nada en concreto y más bien se encuentra libre.
Él fue detenido la noche del 28 de diciembre para las respectivas investigaciones, pero fue liberado enseguida.
Los padres de Naomi habían difundido mensajes que evidencian que era maltratada y víctima de violencia de parte de Juan Carlos Izquierdo, algo que nutrió las dudas de que éste sea el presunto autor del crimen.
Días después, en medio de otro manto de rareza, Izquierdo volvió a ser detenido en un poblado de Manabí mientras manejaba su automóvil. El argumento del parte policial fue que existía “una boleta de captura emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manabí”.
Pero cinco horas después volvió a ser liberado bajo el argumento de que la alerta que derivó en la captura del sospechoso “fue ingresada de manera fraudulenta” al sistema informático con el que las unidades de policía hacen su gestión en territorio.
Todo aquello cavó más dudas e incertidumbre y en ese sentido los plantones y la presión de los familiares no dan tregua. A su juicio, que el caso haya llegado hasta las manos de la fiscal Salazar es una suerte de pequeño triunfo.
En principio el siniestro fue definido como un suicidio, pero tras presión de los familiares, Fiscalía luego cambió la figura para investigar el caso por posible femicidio.
Fiscalía refirió que hasta ahora se han obtenido siete versiones y se han llevado a cabo 16 diligencias, no obstante, todavía no hay nada claro.
Los antecedentes y circunstancias sugieren que de no haber una presión constante y resonante de los familiares, el silencio y la impunidad seguirían gobernando e imponiéndose.
Ese mismo silencio e impunidad también priman en miles de casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, como pasó con la guayaquileña Lisbeth Baquerizo, asesinada el 21 de diciembre de 2020 en su casa en Guayaquil, donde vivía con su esposo, de igual forma el principal sospechoso.
En este caso también se intentó argumentar que se trató de un accidente dado que la joven “habría caído de las escaleras”; no obstante, días más tarde se supo que fue asesinada con golpes y roturas en la cabeza que luego se intentaron ingenuamente de suturar con pegamento.
El esposo de la mujer, Luis H., y su familia planearon el truculento plan de hacer creer a la justicia de que se trató de un accidente, pero aquello resultó infructuoso y hoy el supuesto femicida está prófugo junto a su hermano y su padre, cómplices de lo sucedido.
También hay un proceso abierto en contra del médico que supuestamente facilitó un certificado que sostiene que la mujer murió de un accidente y lo cual era necesario para tratar de sepultarla.
Dos casos más de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres en la impunidad, dos más de muchos otros.
