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Procuraduría pide que se prohíba vender los bienes de Ricardo Rivera

Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas. Archivo

Pese a que Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, falleció el pasado fin de semana, la Procuraduría General del Estado informó que no desistirá de su lucha por recuperar los USD 7 millones que el sentenciado en el caso Odebrecht debía pagar como reparación integral al Estado.

La primera acción emprendida por la Procuraduría fue solicitar al juez nacional, Byron Guillén, la prohibición de enajenar, retener o secuestrar los bienes a nombre del sentenciado recientemente fallecido.

“La Procuraduría General del Estado no cejará en sus esfuerzos para garantizar la eficacia de la sentencia dictada por la Función Judicial que condenó al señor Rivera Arauz a reparar materialmente al Estado ecuatoriano por sus actos de corrupción en varios casos, entre otros, Odebrecht”, recalcó la institución mediante un comunicado.

El fin de semana, tras la muerte de Rivera por complicaciones de la covid-19, su abogado, Aníbal Quinde, anticipó que los herederos del sentenciado por el delito de asociación ilícita podrían asumir la deuda, pero advirtió que la aceptación es voluntaria.

Sin embargo, la Procuraduría advirtió que la obligación impuesta por la justicia ecuatoriana de reparar integralmente al Estado no se extingue por la muerte del procesado.

“La Procuraduría continuará con la ejecución de la sentencia y perseguirá los bienes que consten a nombre de todos los sentenciados hasta recuperar los montos de la indemnización que deben restituir al país”, se informó.

Ricardo Rivera fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en diciembre del 2017, sin embargo, el pasado 9 de diciembre, tras cuatro años en la cárcel, quedó en libertad al acogerse al régimen semiabierto.

Según la sentencia del caso, cuya reparación integral al Estado comenzó a ejecutarse por un tribunal de la Corte Nacional recién el pasado diciembre, Rivera, Glas y seis procesados más debían cancelar USD 33,5 millones; el hoy occiso y el exvicepresidente, en calidad de autores del delito, debían completar juntos USD 14 millones.

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