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Derecho y fuerza

Carlos Castro Riera

Vivir bajo un Estado de Derecho implica que todos los ciudadanos comenzando por el presidente de la república, asambleístas, fiscales, jueces, soldados y policías, sometan su conducta al ordenamiento jurídico y nadie está exento de responsabilidades por acciones y omisiones que violen las leyes.

En el régimen republicano constitucional el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado bajo el gobierno democráticamente instituido y a través de los órganos señalados por la Constitución y más leyes, pero los servidores públicos que hacen uso de la fuerza en cumplimiento de sus competencias específicas tienen que hacerlo bajo las condiciones y límites establecidas por las propias normas. Jurídicas, como ocurre con todo servidor público del rango que fuere, y nadie por más función importante o delicada que ejerza, puede extralimitarse en su ejercicio.

Hacer una apología de conductas que rebasan los límites del ejercicio del poder otorgado y limitado a la vez por las normas jurídicas, es enaltecer ya sea la arbitrariedad, la prepotencia, el desempeño abusivo de la autoridad, peor si proviene de las más altas autoridades que están llamadas a fomentar la constitucionalidad, la legalidad y sobre todo una vida colectiva en civilidad.

Claro que los sentimientos de indignación popular frente a la delincuencia y la inseguridad pueden llevar a reacciones que desbordan la racionalidad jurídica, y aquello es comprensible, pero de allí, aprovecharse de los sentimientos de los ciudadanos para aplaudir extralimitaciones en el ejercicio de la autoridad, es típico populismo penal cuyas consecuencias no permiten construir una cultura de la legalidad sino del autoritarismo del poder.

La extralimitación de la fuerza contra cualquier persona es condenable, trátese de presuntos delincuentes, una protesta ciudadana o una manifestación pública. La violencia delincuencial no se puede combatir con otro ilícito desde el Estado, lo cual es inaceptable. A los policías, fiscales y jueces, solo se les puede exigir que apliquen la ley.

Por encima del tumulto de las pasiones debe abrirse paso la reflexión profunda de los hechos y llegar a conclusiones, antes de caer en la vocinglería demagógica para tratar de aplacar la queja de los ciudadanos por la inseguridad. (O)

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