La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó la noche del martes 25 de enero del 2022 a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Seguridad Integral, con el que el Gobierno busca lograr cambios que permitan combatir la inseguridad en el país, dar garantías para el accionar de los policías, permitir la intervención de las Fuerzas Armadas y mejorar el control en los centros de detención.
La ministra informó que la propuesta de ley contendrá cinco ejes: uso progresivo de la fuerza; cooperación entre Policía y Fuerzas Armadas; mecanismos de defensa para policías cuando son sujetos a investigaciones; reformas al Código Integral Penal (COIP) para solucionar los vacíos que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública; y el combate al hacinamiento en cárceles y normas para la administración de los centros de privación de libertad.
En cuanto al uso progresivo de la fuerza, Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia de la República, informó que la propuesta del Gobierno busca la creación de un cuerpo legal unificado que cubra a militares y policías, pues actualmente existe un vacío en este aspecto.
Sobre las reformas al COIP, el Gobierno plantea establecer límites al uso de la prisión preventiva, para disminuir el hacinamiento en las cárceles; además de la creación de un subtipo de delito relacionado con el terrorismo, con el que se planea sancionar a las bandas delictivas que protagonizan amotinamientos en los centros de detención.
Además, el Gobierno también planea dar apoyo a los policías que, en cumplimiento de su deber, se ven involucrados en investigaciones en su contra. En este caso se trata de una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que se permita que el Estado contrate abogados que defiendan al uniformado.
Además, se busca el respaldo legal para que policías y militares trabajen de forma conjunta en contra de las amenazas transnacionales que enfrenta el país, en este caso se tratará de una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pues actualmente cada institución tiene misiones establecidas que no pueden sobrepasarse.
Rapidez en la Asamblea
La ministra de Gobierno solicitó que esta nueva propuesta de ley relacionada con la seguridad, a diferencia de otras cuatro sobre la misma temática presentadas anteriormente por el Régimen, sea tratada de forma ágil y oportuna, de ser posible, como si fuese una ley económica urgente, es decir que en 30 días se la debata y apruebe.
“Esperemos que, siendo conscientes todos los legisladores de que el problema fundamental que enfrenta en este momento el país es la seguridad, contemos en esta ocasión con el respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias de tratamiento de la ley, desde el CAL, hasta la aprobación en la Comisión, los informes respectivos y el tratamiento en el pleno; y se dé al país el marco legal indispensable en los próximos 30 días”, dijo Vela.
Hay temas ya en análisis
Absolutamente todos los temas que contiene el Proyecto de Ley de Seguridad Integral presentado ayer por el presidente Guillermo Lasso están en debate en alguna de las nueve normas que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional tramita al momento y que están a punto de llevarse a primer debate, así lo confirmó el legislador Ramiro Narváez, presidente de la mesa legislativa, por lo que los calificó de innecesarios.
Al legislador lo que le llama la atención es que mientras el Gobierno pide premura en el tratamiento de la nueva propuesta, durante los ocho meses de gestión no ha remitido las observaciones que le han solicitado los asambleístas, incluido en lo relacionado al uso progresivo de la fuerza, tema sobre el que existen tres proyectos que se han unificados. “Lo único que se va a lograr con un proyecto más es burocratizar y demorar el tratamiento”, puntualizó Narváez.
El experto en seguridad Mario Carrillo además recalcó que las leyes no solucionarán, por lo menos de forma inmediata, los problemas de seguridad en el país, pues existen acciones que se podrían tomar sin necesidad de aplicar reformas legales.
“Se necesita una reingeniería en el Gobierno, en que se establezca un ministerio que de forma exclusiva se encargue de la seguridad. Las leyes son medidas disuasivas importantes cuando se toman a tiempo, ahora estamos con metástasis y querer corregir con leyes cuando ya está todo contaminado, demuestra improvisación”, dijo el experto.
