¿Sedición en la Asamblea?

En la Asamblea Nacional ya no sorprenden ciertas acciones y actitudes de algunas fuerzas políticas empeñadas en imponer sus agendas propias y otros propósitos en busca de hegemonía y de apuntar a las próximas elecciones.

Su presidenta, Guadalupe Llori, abona, una vez más, ese terreno fangoso, lleno de trabas, de intentos de conspiración y de escasa producción legislativa.

Ella denuncia la intentona golpista de un grupo de asambleístas de Pachakutik. Aliado con la bancada de Unes -el movimiento del correísmo- intentarían sacarla de la presidencia de la Asamblea, sumando el apoyo de socialcristianos.

El Legislativo, en cualquier país democrático es el epicentro del debate político.  

Pero ese debate, irreconciliable a veces, deja de ser tal si de por medio, como lo revela Llori, busca de manera soterrada romper la democracia, ignorando las causales previstas en la Constitución y en el marco legal de la Función Legislativa.

Ella es parte de Pachakutik, movimiento dividido entre quienes, de alguna forma, concuerdan con las tesis del gobierno, y aquellos radicales hermanados con Unes, en manifiesta contradicción si se consideran los antecedentes, entre ellos la persecución durante la década correísta.  

La manzana de la discordia es el Consejo de Participación Ciudadana cuyo control, dadas sus atribuciones para designar a autoridades fundamentales (contralor, fiscal, procurador, CNE, por ejemplo), todos quieren tenerlo.

Un coideario y rival de Llori planteó, sin éxito se nombre una comisión para revisar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa, a fin de apurar el llamamiento a juicio político a la nueva mayoría del CPC, por encima del orden ya establecido.

Mientras, la Comisión de Fiscalización denunció el intento de reorganizar las Comisiones, esta en particular, para trastocar el orden del llamamiento a juicios políticos.

De todas maneras, el CAL ya aprobó la solicitud de juicio político en contra del CPC cuya nueva mayoría se apresta a acelerar el concurso para designar al contralor. Y los supuestos “conspiradores” querrían evitarlo.