El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este martes que aspira a que al menos 5.000 presos salgan en libertad tras la firma de un decreto que contempla indultos para reducir el hacinamiento en las cárceles.
Con el decreto busca también «proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores, que cometieron errores en su vida, pero que no pueden ser sujetos al chantaje, a la presión dentro de las cárceles», dijo en el programa semanal «Encontrándonos con la ciudadanía».
Lasso recordó que, con el Código Penal anterior, al cumplir el 40 % de la pena, los reos podían tener derecho a la libertad, en tanto que el actual contempla el 60 % de la sentencia, pero no siempre se ha aplicado.
«El mecanismo que encontramos, en consulta con la Corte Constitucional y la Fiscalía, es que, a través de un decreto, establecer las condiciones para el indulto y que sean los jueces los que resuelvan el indulto bajo los parámetros establecidos por este decreto», dijo.
Y con ello, comentó que aspira «a que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad. Terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles».
Los presos -dijo- «perdieron su libertad, pero no han perdido los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, a la posibilidad de tener una nueva oportunidad de vida».
«Tenemos que respetar su dignidad, sus derechos humanos y tenemos que trabajar para darles una nueva oportunidad de vida», añadió.
POLÍTICA PÚBLICA
El Gobierno ecuatoriano presentó el lunes un proyecto de primera política pública para transformar el Sistema de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos, a fin de lograr una intervención integral en las prisiones para terminar con la crisis carcelaria que agobia al país.
El proyecto es una respuesta a la profunda crisis que se ha desatado en el sistema penitenciario nacional y que en 2021 generó enfrentamientos entre bandas de reos por el control de las prisiones, reyertas que dejaron unos 300 reclusos asesinados.
Las autoridades han atribuido la violencia en las cárceles a la disputa entre carteles del narcotráfico, aunque la crisis también ha desnudado los problemas de hacinamiento, falta de presupuesto, escasa infraestructura, corrupción y deficiencias en la administración de justicia, entre otros factores.
POBLACIÓN CARCELARIA JOVEN
Lasso recordó que cuando asumió el poder, en mayo del año pasado, encontró un sistema penitenciario con grandes problemas, por lo que declaró como «prioridad del Gobierno» atender a ese sector.
Al presentar el lunes el proyecto señaló que el 43 % de la población carcelaria del país tienen entre 18 y 30 años de edad, lo que supone que está «en plena capacidad productiva», y que son 21.700 los presos que no han terminado sus estudios.
Y anotó que el proyecto, elaborado por el denominado «Mecanismo Técnico de Rehabilitación Social», dirigido por la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, busca ofrecer a la población carcelaria la posibilidad de estudiar en alguna especialización técnica.
Además, proveer empleos a través de convenios con el sector empresarial, establecer programas de desintoxicación y planes de atención a jóvenes.
Asimismo, emprender mejoras en las infraestructuras y tecnologías carcelarias, una mayor capacitación de los guardianes de las prisiones y llevar a cabo un censo permanente sobre el estado jurídico, de salud, educativo y de peligrosidad de cada recluso
También pretende crear un mecanismo de comunicación con familiares y de atención a los hijos de los detenidos.
Esta es una «deuda moral que alguien debía pagarla en algún momento», añadió el jefe del Estado tras sostener que con la política pública su Gobierno va a «humanizar las cárceles».
Según la secretaria de Derechos Humanos, en Ecuador hay más de 35.000 personas privadas de su libertad. EFE
