En una extensa jornada, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la amnistía para 268 personas, que incluye a varios de los procesados por las protestas de octubre de 2019.
La aprobación se llevó a cabo con 99 votos a favor, 16 negativos y 10 abstenciones, en una sesión que duró hasta las 04:00 de este jueves 10 de marzo del 2022.
De las 268 personas con amnistía, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”; 153 de “defensores de los territorios”; 12 de “administración de justicia indígena”; y 43 de “defensores de la naturaleza”.
De entre las personas con este beneficio está la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, y el parlamentario andino, Virgilio Hernández.
Además de los líderes indígenas de la Conaie, Leonidas Iza y Jaime Vargas, que juntos enfrentaban 10 procesos penales por los hechos de octubre del 2019.
Leonidas Iza, procesado por las protestas de octubre de 2019 contra medidas económicas aplicadas por el entonces gobernante Lenín Moreno (2017-2021), consideró la amnistía «un logro» impulsado «desde la Conaie junto a diversas organizaciones sociales por justicia para los defensores de derechos», escribió en su cuenta de Twitter.
Con esta decisión «se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa», agregó.
También la prefecta Pabón, quien usa un grillete electrónico de vigilancia judicial, se pronunció y agradeció a quienes votaron para «poner fin a una práctica nefasta como es la persecución política».
Pabón, que pertenece al movimiento UNES, que lidera el expresidente Rafael Correa, también estaba procesada por el caso de las protestas de octubre de 2019.
Durante el debate, el legislador Pedro Velasco, del partido socialdemócrata Avanza, valoró que 48 de los amnistiados no deberían haber sido favorecidos con esa medida, ya que sus casos se habían resuelto de manera judicial, mientras que su colega afín al oficialismo Fernando Villavicencio aseguró que la decisión parlamentaria busca la pacificación del país.
La opositora Victoria Desintonio, por su parte, destacó la decisión del Legislativo y aseguró que la protesta social es una forma de expresión ciudadana que debe ser respetada y no criminalizada.
Su colega Bruno Segovia añadió, además, que no se alcanza la paz y la armonía social si no se respetan los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas del país. EFE
