¡A mano armada!

Juan F. Castanier Muñoz

Si usted, amable lector, contrata un seguro para su vehículo y, en circunstancias no previstas, sufre un accidente que provoca daños al automotor asegurado, pues, lo lógico y racional es que usted llame a la compañía aseguradora, informe sobre lo ocurrido e inmediatamente se ponga a funcionar el servicio contratado y usted pueda compensar los gastos que produjo el siniestro. Por supuesto, está demás decirlo, y hasta un lego en la materia tomaría en cuenta las condiciones, usted dispone de plazos para realizar la notificación y así la aseguradora pueda activar los trámites pertinentes. ¡Elemental!

Antes del 2016, es decir, en la época en que hacía y deshacía del país “el innombrable”, el BIESS, banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha contratado con Seguros Sucre una póliza de cobertura para los afiliados que accedieron a préstamos y perdieron sus empleos. Según una resolución de la Contraloría General del Estado, suscrita en enero de este año, se establece responsabilidades para los directivos del BIESS que ejercieron funciones entre el 2016 y el 2018, por no haber implementado controles para la mitigación de riesgos en operaciones crediticias. Según el organismo de control, el banco no realizó acciones, dentro del plazo de dos años señalados en la ley, para que Seguros Sucre ejecute la cobertura. El BIESS inició los trámites ¡luego de que la póliza había prescrito!, por lo que la entidad se vio afectada por el valor de 18 millones de dólares. Y no solo eso, sino que los gerentes de la entidad ni siquiera habían enviado oportunamente la documentación respectiva, requerida por la aseguradora.

Como si en el caso del accidente del vehículo particular, el dueño hubiera ido a reclamar a la aseguradora, sin llenar los requisitos y fuera de tiempo, y a causa de ello, hubiera perdido el derecho al reclamo y la plata. Claro que en este caso se trata de una persona natural y de “su” plata. En el caso del BIESS y de los brillantísimos directivos de la década bailada, los 18 millones perdidos son dinero de los afiliados. No cabe duda, el título del latrocinio debería ser “un robo, a mano armada”. (O)