La Unión Nacional de Educadores (UNE) lo había anticipado, cuando ayer en la mañana informó que el presidente Guillermo tenía planeado vetar totalmente la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), negándose a equiparar el salario de los docentes con el del resto de funcionarios públicos.
Por la tarde llegó al Legislativo la notificación del veto total a la reforma realizada por la Asamblea Nacional. La objeción del presidente se basa en que la norma, a su criterio, es inconstitucional.
Es que, según Lasso, los asambleístas incumplieron, nuevamente, con la disposición de la Corte Constitucional (CC), que el 12 de agosto les pidió subsanar, con base a análisis de factibilidad financiera, es decir, disponibilidad económica del Estado, la creación de un nuevo escalafón docente, que implicaba un alza salarial.
Pese a que los asambleístas reformaron el escalafón, disminuyendo el sueldo básico de los docentes, y equiparándolo con el del resto de funcionarios públicos, el primer mandatario dejó claro, en su veto, que este monto tampoco contó con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, que recalcó que no existen los fondos para el alza salarial de los maestros.
“La sustitución del texto de los referidos artículos mantiene la incidencia directa sobre el aumento del gasto público, inobservando lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, pues solo al presidente de la República le corresponde presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público, como en el presente caso”, recalcó Lasso.
Según el artículo 65 de la Ley de la Función Legislativa, un veto por inconstitucionalidad, como el que remitió Lasso en este caso, requerirá del dictamen de la Corte Constitucional, que lo tendrá que emitir dentro del plazo de treinta días.
Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado, y si fuera parcial, el texto será devuelto a la Comisión de Educación de la Asamblea, para que realice los cambios necesarios.
Posteriormente, el pleno del Legislativo aprobará los cambios en un solo debate, y luego los enviará para la sanción de presidente de la República. Si la CC dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación.
Es decir, la reforma a la LOEI volverá a pasar por el procedimiento que ya pasó hace un año, cuando el expresidente Lenín Moreno la aprobó íntegramente, pero la CC la declaró parcialmente inconstitucional, precisamente, porque no se había justificado los ingresos económicos que sustenten el alza salarial de los docentes, por lo cual volvió a la Asamblea y luego al primer mandatario.
Anticipan protestas
Ante la negativa del presidente Guillermo Lasso de aprobar la equiparación salarial de los maestros, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció para el próximo 28 de abril la realización de marchas locales con las que pretenden presionar a la Corte Constitucional para que se pronuncie a favor de los docentes.
“Consideramos que el veto presidencial es una burla, porque se dice que no hay recursos, por lo que no cumple con el pedido de la Corte Constitucional, que le envió a subsanar, a buscar las fuentes de financiamiento, independientemente del estado de la caja fiscal”, afirmó Vargas.
El pasado miércoles las organizaciones de docentes se reunieron con el presidente Guillermo Lasso, pero al final del encuentro la versión del Gobierno, que calificó a la reunión como “exitosa”, fue muy diferente a la de la UNE, que informó que los ofrecimientos del primer mandatario son solo ratificaciones de procesos que ya están en marcha. Quito.- (ASM)-(I).
